La Fiscalía carga contra Peinado y solicita la libre absolución de Begoña Gómez

Considera injustificadas la retirada del pasaporte, las comparecencias periódicas y sostiene que la investigación no ha acreditado indicios de delito

La Fiscalía ha recurrido las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, al considerar que no existe una base suficiente para justificar la retirada de sus pasaportes, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial, el Ministerio Público sostiene que las restricciones acordadas por el juez Juan Carlos Peinado son «desproporcionadas» y carecen de fundamento, ya que no aprecia un riesgo real de fuga. A su juicio, ambas investigadas cuentan con un sólido arraigo en España, tanto por su situación familiar como profesional, y no mantienen vínculos relevantes con el extranjero que permitan pensar en una posible huida.

La Fiscalía reprocha además al instructor que haya sustentado su decisión en una hipótesis basada únicamente en la gravedad de las penas que podrían imponerse, sin valorar las circunstancias personales de las investigadas. En este sentido, recuerda que ambas son españolas, desarrollan su actividad laboral en el país y no disponen de patrimonio ni de conexiones internacionales que faciliten una eventual fuga.

Uno de los aspectos que más cuestiona el recurso es la posibilidad planteada por el juez de que los escoltas encargados de la seguridad de Begoña Gómez pudieran favorecer una salida del país. El Ministerio Público considera esa hipótesis carente de respaldo y rechaza que pueda sostenerse una sospecha de ese tipo sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin ningún indicio objetivo.

También critica la retirada de «todos los pasaportes» que pudiera poseer Gómez, al entender que se apoya en informaciones sin acreditar sobre una supuesta segunda nacionalidad dominicana. Según la Fiscalía, esa afirmación procede de rumores difundidos en algunos medios y no consta acreditada en la causa.

Respecto a las comparecencias quincenales, el escrito concluye que, si no existe riesgo de fuga, la medida pierde su finalidad cautelar y puede convertirse en una carga innecesaria para las investigadas.

Además del recurso contra las medidas cautelares, la Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones solicitando la absolución de Begoña Gómez, del empresario Juan Carlos Barrabés y de Cristina Álvarez. El Ministerio Público entiende que, tras la investigación practicada, no existen pruebas que acrediten la comisión de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios o malversación.

En relación con la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, la Fiscalía sostiene que la codirección de una cátedra y varios másteres se desarrolló conforme a la normativa y sin que percibiera remuneración por la cátedra. Asimismo, señala que el software creado durante ese proyecto pertenece a la universidad y que no hay constancia de una explotación económica privada por parte de los investigados.

Sobre las adjudicaciones públicas obtenidas por empresas vinculadas a Barrabés, el escrito concluye que no existen indicios de que Gómez influyera en los procedimientos. Las cartas de apoyo que firmó, añade, formaban parte de una práctica habitual en la que participaron decenas de entidades y no se ha acreditado ninguna relación personal que condicionara las decisiones de los organismos adjudicadores.

Por último, la Fiscalía considera que el trabajo desempeñado por Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno se ajusta a una figura existente desde hace décadas en distintos ejecutivos y afirma que la investigación no ha acreditado ningún perjuicio para las arcas públicas, por lo que solicita el sobreseimiento y la libre absolución de los acusados.