La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha rechazado cualquier implicación en el supuesto cobro de comisiones ilegales que se investiga en una de las piezas del denominado caso Koldo. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, sostiene que nunca tuvo conocimiento de esas presuntas contraprestaciones económicas y defiende que carecía de capacidad para influir de manera decisiva en la adjudicación de contratos públicos.
Pardo de Vera considera «inverosímil» que pudiera favorecer a determinadas empresas al margen de los procedimientos establecidos. Según argumenta, las licitaciones de obra pública siguen un proceso técnico y administrativo con numerosos informes, controles y autorizaciones, por lo que la presidencia de Adif no tenía potestad para decidir por sí sola el adjudicatario de un contrato.
En su defensa, también cuestiona que la investigación se apoye en conversaciones mantenidas por el exasesor ministerial Koldo García, al entender que esos mensajes no demuestran ninguna actuación irregular por su parte. Asegura que no existe ninguna prueba que acredite que recibiera pagos, promesas de beneficio o cualquier otra ventaja económica relacionada con las adjudicaciones investigadas.
Además, ha solicitado al magistrado que reclame nueva documentación a Adif para respaldar su versión sobre uno de los contratos analizados. Mientras tanto, el juez ha trasladado esta petición a la Fiscalía Anticorrupción para que valore si procede practicar la diligencia solicitada antes de decidir sobre los siguientes pasos de la investigación.