Moncloa destituye a la funcionaria que difundió la cifra de 49.000 entradas en Ceuta

La responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional fue destituida por teléfono mientras estaba de vacaciones, después de que Moncloa considerara «prematura» la publicación del dato sobre Ceuta

Una llamada de teléfono en pleno periodo vacacional bastó para poner fin al puesto de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN). El motivo: haber hecho pública, el 31 de julio, una alerta oficial que situaba en 49.000 el número de personas que habían entrado de forma irregular en Ceuta durante la crisis migratoria de finales de julio. La destitución, con efectos desde el 1 de agosto, fue ordenada por la general Loreto Hurtado, al frente del organismo, y respondió, según fuentes gubernamentales, a una pérdida de confianza.

La funcionaria cesada llevaba desde 2018 al frente de la actualización web y las redes sociales del DSN, el canal encargado de informar sobre las principales crisis que afectan a la seguridad nacional. Ese viernes, citando datos del Ministerio del Interior, publicó un informe con la cifra de 49.000 entradas y distribuyó una comunicación oficial con el mismo contenido. El documento no permaneció mucho tiempo disponible: el propio DSN lo retiró horas después.

Dentro del Gobierno, la publicación no sentó bien. Se interpretó como un dato de uso interno que nunca debió salir a la luz de esa manera, y esa lectura fue suficiente para activar el cese exprés de su responsable. La comunicación de la decisión no siguió los cauces habituales: se produjo por teléfono, con la trabajadora de vacaciones, y su paso posterior por el despacho se limitó a retirar sus pertenencias personales.

Un cese fulminante por una alerta oficial

Lo llamativo del caso no es solo la rapidez del cese, sino su forma. En Presidencia del Gobierno, cuando un funcionario en comisión de servicios deja su puesto, lo normal es negociar previamente su vuelta al organismo de procedencia —en este caso, el Ministerio de Defensa—. Aquí no ocurrió así: ni se avisó a Defensa ni se activó ningún trámite de reincorporación, algo que ha generado incomodidad entre antiguos compañeros de la funcionaria. El resultado práctico es que, de momento, se queda sin destino asignado y con una reducción de su sueldo, aunque conserva su plaza como funcionaria de carrera.

La cifra de 49.000 no fue una primicia: horas antes, la BBC ya había situado en torno a 50.000 las personas que habían accedido a Ceuta por el espigón del Tarajal. La diferencia estuvo en el origen: al salir de un organismo dependiente de Presidencia, el dato adquirió estatus de cifra oficial del Estado español. Con esa etiqueta, terminó apareciendo poco después en boca tanto del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como del propio Pedro Sánchez, en sus respectivas comparecencias públicas.

El episodio se suma a otro frente abierto en paralelo: la Audiencia Nacional investiga si la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio pudo obedecer a una acción organizada, y ha pedido a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) un informe sobre una posible implicación de grupos criminales en los hechos.