La exedil de Móstoles acusa al alcalde y al PP por presuntos delitos de acoso y coacciones

La querella incluye presuntos delitos de acoso sexual, laboral y coacciones, y denuncia un supuesto fallo en los mecanismos internos de protección

Una exconcejal del Ayuntamiento de Móstoles ha decidido dar un paso al frente y llevar a los tribunales lo que, según su versión, fue una situación prolongada de acoso y coacciones. A través de su abogado, ha formalizado una querella ante el Tribunal de Instancia del municipio contra el alcalde, Manuel Bautista, y contra el Partido Popular a nivel nacional.

La denuncia incluye presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y delito contra la integridad moral. Se trata, según su defensa, de un procedimiento “de alta complejidad técnica”, dado que parte de los hechos habrían ocurrido en la intimidad y que, además, algunos correos electrónicos oficiales habrían sido eliminados.

El caso salió a la luz hace dos semanas tras publicarse que la exedil había trasladado internamente en su partido acusaciones de acoso sin recibir, según sostiene, el respaldo esperado. El alcalde ha negado rotundamente los hechos y ha defendido que el relato no se ajusta a la realidad. Desde el entorno del partido, incluso se llegó a anunciar la posibilidad de emprender acciones legales contra la denunciante, a la que acusaron de actuar con “mala fe”.

Un proceso judicial marcado por la tensión política

La querella presentada se apoya, según el letrado Antonio Suárez-Valdés, en un “nutrido soporte probatorio”. El objetivo es acreditar que existió una presunta solicitud de favores de carácter personal y que, tras el rechazo, se habría producido un patrón de hostigamiento sistemático basado en una supuesta posición de superioridad jerárquica.

La defensa sostiene que ese comportamiento habría tenido como finalidad aislar e invisibilizar profesionalmente a la exconcejal. Además, se denuncia lo que califican como un “fracaso de los mecanismos internos de protección”, al considerar que no se activaron de manera efectiva los protocolos frente al acoso dentro de la organización.

Uno de los puntos más delicados del caso es la posible responsabilidad de la estructura del partido si se demostrara que no actuó con la diligencia debida. Según la querella, el silencio institucional podría haber contribuido a una forma de revictimización, una acusación que añade aún más tensión al procedimiento.

Ahora será el juzgado quien determine si existen indicios suficientes para abrir diligencias y avanzar en la investigación. Mientras tanto, el caso se mueve entre el ámbito judicial y el político, con declaraciones cruzadas y posiciones firmes en ambos lados.

Más allá del enfrentamiento partidista, el proceso pone sobre la mesa cuestiones sensibles como la protección frente al acoso, la responsabilidad de las organizaciones y la importancia de contar con protocolos eficaces. La última palabra, como subraya la defensa, la tendrá la justicia.