El Gobierno ha dado un nuevo paso en su política salarial con la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.221 euros mensuales por catorce pagas. La medida, avalada en el Consejo de Ministros, supone un incremento del 3,1% y beneficiará a alrededor de 2,5 millones de trabajadores en toda España.
La subida implica 37 euros más al mes respecto a la cuantía anterior, lo que se traduce en 518 euros adicionales al año. En términos anuales, el nuevo salario mínimo queda fijado en 17.094 euros brutos, o 40,70 euros brutos al día con carácter general. En el caso de trabajadores eventuales y temporeros, la retribución mínima por jornada legal se sitúa en 57,82 euros, mientras que las empleadas y empleados del hogar no podrán percibir menos de 9,55 euros por hora trabajada.
Uno de los aspectos destacados es que esta cuantía no tributará en el IRPF, lo que permitirá que el aumento tenga un impacto directo en el bolsillo de quienes lo perciben. Además, la medida se aplicará con carácter retroactivo, consolidando así una mejora salarial que el Ejecutivo considera clave para reforzar el poder adquisitivo de las rentas más bajas.
El acuerdo ha sido suscrito entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, en un acto respaldado por el presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera. Se trata del sexto año consecutivo en que la subida del SMI sale adelante sin el respaldo de la patronal CEOE, lo que refleja la persistencia de diferencias en el diálogo social.
Más allá de la cifra, el aumento del SMI tiene una dimensión social evidente. Para millones de personas, este incremento supone una mejora tangible en su capacidad para afrontar gastos cotidianos como vivienda, alimentación o suministros básicos. El Gobierno subraya que la medida contribuye a reducir la desigualdad salarial y fortalece el sistema de protección social, según apunta Europa Press.
La actualización no altera la estructura salarial de quienes ya perciben ingresos superiores al mínimo establecido. Sin embargo, los contratos y acuerdos privados que estén por debajo del nuevo umbral deberán adaptarse para garantizar el cumplimiento de la normativa. En paralelo, el Ejecutivo y los sindicatos han anunciado que revisarán las reglas de absorción y compensación, con el objetivo de evitar que la subida se diluya mediante la reducción de complementos salariales.
Desde el Gobierno se insiste también en que el aumento del salario mínimo tiene efectos positivos en la sostenibilidad del sistema de pensiones, al mejorar las bases de cotización y contribuir a cerrar la brecha de género en materia de jubilación.
El nuevo SMI no es solo una cifra. Representa una apuesta política por reforzar las rentas más bajas en un contexto económico todavía marcado por la inflación y la incertidumbre internacional. La discusión sobre su impacto continuará, pero para millones de trabajadores la mejora ya es una realidad palpable.