La concesión y el pago de las becas universitarias en España suelen realizarse, en promedio, después del primer cuatrimestre, un retraso que afecta principalmente a estudiantes de bajos ingresos, quienes las necesitan desde septiembre, al inicio del curso. Esto se desprende del estudio titulado ‘Cómo asegurar que las becas universitarias lleguen a tiempo a quienes más las necesitan’, publicado este jueves por Esade.
El informe resalta que las becas universitarias representan la piedra angular de la política pública para igualar el acceso a la educación superior entre jóvenes pertenecientes a familias en desventaja socioeconómica.
En España estas becas cubren aproximadamente el 25% y se asignan en función de los ingresos y el tamaño familiar, sujetas al cumplimiento de requisitos académicos mínimos. Según el estudio, aunque en este aspecto España es comparable a otros países, «se diferencia en un aspecto crucial para su efectividad como facilitador de oportunidades: las becas en España llegan tarde a quienes las necesitan».
«En esto, España es una excepción a nivel mundial con un fallo de diseño fundamental: la concesión y el pago de las becas se producen casi al finalizar el año académico», indica el informe, señalando que, en promedio, se otorgan después del primer cuatrimestre, es decir, a partir de febrero, «cuando deberían entregarse desde septiembre».
«Esta anomalía afecta significativamente el acceso a la educación superior de estudiantes con bajos recursos, ya que la beca, destinada a ayudarles a ingresar a la universidad, llega mucho después de que ya hayan accedido a ella», advierte la investigación.
Para resolver este problema, el informe sugiere adelantar y sincronizar los calendarios académicos de las universidades para que tanto la finalización del curso como la matriculación del siguiente estén resueltas antes del verano.
También propone considerar los ingresos de dos años anteriores a la solicitud de beca para evitar que el envío de documentos se retrase hasta el final de la campaña de renta, permitiendo comenzar desde antes con la declaración del año anterior.
Por último, demanda asignar al Ministerio de Hacienda la tarea de revisar las solicitudes para verificar los requisitos económicos, «lo que aliviaría la posterior revisión por parte de las unidades de becas de las universidades, que cuentan con recursos humanos limitados». Esto reduciría en cerca del 30% el volumen de solicitudes (unas 90,000 al año) que suelen rechazarse por esta razón.