La corrupción del PSOE lleva al juez de la Audiencia Nacional a prorrogar un mes el secreto de sumario del ‘caso Plus Ultra’

24 de abril de 2026
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el cierre de la campaña del PSOE, en Valladolid. | EP
La Fiscalía sostiene que pudo existir un “uso indebido de ayudas públicas”, ya que parte del dinero del rescate habría servido para devolver préstamos vinculados a una presunta trama criminal

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado prorrogar durante un mes más el secreto de sumario del llamado caso Plus Ultra, en el que se investiga, entre otros aspectos, el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea durante la pandemia.

La causa llegó a la Audiencia Nacional a comienzos de marzo, después de que un juzgado madrileño decidiera remitirla al considerar que había adquirido “una nueva dimensión”. Tras varios meses de diligencias, el caso pasó a un órgano superior debido a su complejidad y a la posible existencia de ramificaciones internacionales.

En la fase inicial de la investigación, la jueza instructora ordenó la detención de varios implicados, entre ellos el presidente de la aerolínea, su consejero delegado y un empresario vinculado personalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este último vínculo ha sido especialmente relevante dentro de las sospechas que rodean el caso.

«Uso indebido de ayudas públicas»

Uno de los puntos más delicados es la posible filtración de información a los investigados. Se investiga si hubo un aviso previo sobre las pesquisas policiales, lo que habría permitido a algunos implicados eliminar correos electrónicos y otros documentos antes de los registros y detenciones.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, sostiene que pudo producirse un “uso indebido de ayudas públicas”, al considerar que parte del dinero recibido podría estar relacionado con préstamos de sociedades vinculadas a una presunta trama criminal. Según los investigadores, estos fondos tendrían origen en actividades ilícitas en Venezuela, incluyendo desvío de recursos públicos y operaciones relacionadas con la venta de oro.

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