La Asociación Española de Banca (AEB) y CECA han expresado su desacuerdo con la reciente extensión del gravamen temporal al sector bancario anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del nuevo decreto ‘anticrisis’.
En un comunicado conjunto, ambas patronales subrayan que la decisión del Ejecutivo no cumple con la obligación de revisar, cada dos años, el gravamen temporal, según lo establecido en la ley que lo creó. Esto debe considerarse en función de diversos factores, incluida la situación del sector en ese momento y el efecto acumulativo con el impuesto sobre sociedades.
Las asociaciones bancarias también destacan que esta extensión se realiza antes de que los tribunales emitan un fallo sobre los recursos presentados. Insisten en el rechazo al gravamen y argumentan que tiene «efectos negativos» en la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, especialmente en un contexto de «incertidumbre económica internacional».
AEB y CECA sostienen que la decisión de extender el gravamen afecta de manera «negativa» a la competitividad del sector bancario y socava la confianza en el país. Argumentan que los inversores demandan «estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia». También señalan las advertencias del Banco Central Europeo (BCE) sobre los posibles efectos negativos de este tipo de gravamen.
Compromiso del sector bancario y críticas a la prórroga
A pesar de la decisión gubernamental, AEB y CECA aseguran que el sector bancario aún trabaja para ofrecer soluciones a sus clientes. Destacan mejoras en la atención personalizada a los mayores, la inclusión financiera en la España rural y la ampliación del Código de Buenas Prácticas hipotecarias como muestras de su compromiso con la sociedad.
Cabe recordar que tanto las energéticas como la banca adoptaron estos gravámenes de forma temporal a finales de 2022 para su liquidación en 2023 y 2024 sobre los ingresos obtenidos en 2022 y 2023.
Sin embargo, la reciente prórroga gubernamental incluye gravar los ingresos obtenidos en 2024 para recaudarlos en 2025, con la intención adicional de hacer permanentes ambos tributos.
El sector bancario ha rechazado esta medida desde su anuncio en julio de 2022 y ya ha llevado el caso a los tribunales. Hasta ahora, Hacienda ha recaudado 2.900 millones de euros en 2023 con los impuestos a energéticas y la banca, de los cuales 1.263 millones provienen del sector financiero.