El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha aplazado hasta el próximo jueves, día 7, a las 10 de la mañana, la declaración del editor de este periódico, Fuentes Informadas, el periodista José Antonio Hernández, para ser interrogado sobre la procedencia de los audios del comisario José Manuel Villarejo relacionados con la llamada ‘Operación Kitchen’, que este digital dio en exclusiva en 2022.
José Antonio Hernández, que fue informado in extremis de la citación, como testigo, el pasado jueves, vía telefónica y por mail, se topo el lunes, a las 16.00, hora de la comparecencia, con la puerta cerrada del salón de juicios que la Audiencia Nacional tiene, no en la capital, sino en un polígono industrial del municipio de San Fernando de Henares, a unos 15 kilómetros de Madrid.
Los agentes que custodian el escondido edificio judicial comentaron que sí había habido juicio durante la mañana y que no habría por la tarde, aunque ignoraban el motivo.
Lo mismo que la policía, a instancias del tribunal, avisó el jueves precipitadamente a Hernández (el periodista que destapó los audios del comisario Villarejo), para que acudiese sin falta a la vista, también pudo ayer avisarle, por el mismo y dudoso procedimiento, del aplazamiento. Los agentes llamaron al teléfono personal del periodista sin explicar dónde habían obtenido el número, lo que casa regular con la famosa Ley de Protección de Datos.
«Gran parte de las quejas de testigos de la justicia que llegan al Consejo General del Poder Judicial son de ciudadanos a los que se les cita a declarar y se les suspende el juicio o la declaración días antes o incluso el mismo día, sabiendo el juzgado que no se iba a celebrar por haber surgido algún impedimento con anterioridad a la fecha fijada, y todo ello sin avisarles’, asegura Hernández, experto en casos de responsabilidad patrimonial del Estado por errores judiciales.
Si los afectados denuncian, el Estado les da la razón por mal funcionamiento de la Administración de justicia y les paga irrisorias cantidades para resarcirles. No vale la pena. Cuesta más el abogado que los 100 euros que normalmente abona justicia tras un proceso que dura años.
Muchos se quejan, añade Hernández, de que han tenido que, aparte de pedir permiso laboral, viajar desde sus ciudades de origen hasta el lugar del juicio, a veces a cientos de kilómetros, y que al llegar al juzgado les dicen que el juicio se suspendió días antes, sin haberles avisado, o se aplaza la vista ese mismo día», añade Hernández.
Se supone que Hernández volverá a ser citado de nuevo para este miércoles, según le contaron ayer tarde fuentes de las partes.
Lo ha citado el fiscal para preguntarle sobre la procedencia de los audios de Villarejo en relación con el caso Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional, en su sede de San Fernando de Henares. El fiscal sabe que Hernández se va a acoger al secreto profesional, como ocurrió en anteriores citaciones durante la instrucción de esta causa.
Entre la treintena de piezas que componen Tándem se halla la de Kitchen, una trama policial tejida por miembros de la cúpula del PP tendente a quitarle a su extesorero Bárcenas el material incriminatorio que tenía oculto sobre el partido y que amenazaba con divulgar en relación con el caso Gürtel.
El juicio (del que este periódico está dando buena cuenta a través de la crónicas casi diarias del prestigioso periodista Ernesto Ekaizer) comenzó hace varias semanas y por él han desfilado ya el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex presidente Mariano Rajoy y la ex ministra María Dolores de Cospedal.
La citación de Hernández ha sido a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, entre otras partes personadas en la causa que instruyó el juez Manuel García Castellón.

Se supone que la intención de la Fiscalía es preguntarle a Hernández cómo obtuvo Fuentes Informadas el centenar de audios del comisario Villarejo, diálogos con Fernández Díaz y Dolores Cospedal, entre otros políticos, que publicó en primicia en 2022.
Es la tercera vez, en este caso ante un tribunal y para un juicio, que Hernández es llamado por la Audiencia Nacional para declarar sobre estos audios.
En ocasiones anteriores Hernández, que además de periodista es licenciado en Derecho, se acogió a los artículos 20 y 120 de la Constitución y eludió revelar sus fuentes de información, al igual que hizo cuando fue citado, asimismo, para preguntarle sobre los audios en otra de las piezas de Tándem, en concreto la 28.
Fuentes Informadas reitera una vez más su deseo de colaborar con los tribunales, pero siempre y cuando ello no implique vulnerar el sagrado secreto profesional y respeto a las fuentes de información.
Por este motivo, el director de este medio no contestará a ninguna pregunta que pueda comprometer ese principio básico del periodismo, como ya hecho en las numerosas ocasiones en que ha sido citado por la justicia en relación con las investigaciones periodísticas que ha desarrollado en los últimos 35 años; entre ellas, la del caso Gürtel, cuando trabajaba en El País.