La Audiencia Nacional confirma el procesamiento del BBVA y su expresidente por presuntos encargos ilegales a Villarejo

Los magistrados respaldan el criterio de la Fiscalía al afirmar que “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por la propia entidad bancaria sobre los hechos investigados

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de BBVA, de su expresidente Francisco González y de varios exdirectivos por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para presuntos encargos ilegales realizados entre 2004 y 2016. La decisión ratifica la conclusión de la instrucción y acerca el caso a la apertura de juicio oral.

En una serie de autos recogidos por Europa Press, la Sección Tercera rechaza los 11 recursos de apelación presentados contra el cierre de la investigación. Los magistrados respaldan el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor al afirmar que “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por la propia entidad bancaria sobre los hechos investigados.

La resolución confirma el procesamiento de antiguos altos cargos del banco, entre ellos Julio Corrochano, Ángel Cano, Eduardo Arbizu y Antonio Béjar. La Sala pone el foco en el sistema interno de prevención de delitos del BBVA, que considera ineficaz al dejar fuera de control a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección, quienes habrían podido actuar al margen de los mecanismos establecidos.

Según el tribunal, “no es irrazonable concluir” que el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz, ya que existía “un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control”. Los jueces subrayan que las órdenes de ese núcleo directivo eran obedecidas sin cuestionamiento, lo que habría facilitado la comisión de los presuntos delitos.

González sabía «quién era» Villarejo

Respecto a Francisco González, la Sala sostiene que algunos contratos con el Grupo CENYT —vinculado a Villarejo— fueron ordenados por él mismo, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación”. Para los magistrados, “no es irrazonable” deducir que recurrió a esa empresa tras no obtener resultados con otros métodos, y que conocía que la información obtenida podía no respetar la legalidad.

El tribunal también apunta que los servicios contratados implicaban el acceso a datos íntimos y personales sin autorización judicial, utilizando presuntamente a funcionarios policiales para acceder a bases de datos restringidas. “Estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos”, señala la Sala, lo que impide el sobreseimiento solicitado por las defensas.

El procesamiento ya había sido acordado en junio de 2024 por el entonces juez instructor Manuel García Castellón, quien en un auto de 268 páginas dio por finalizada la investigación de la pieza separada del caso Villarejo. El magistrado describió cómo, tras la contratación de Julio Corrochano en 2002 y su conexión con Villarejo, se articularon contratos para proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, consultas a bases de datos y averiguaciones patrimoniales, configurando así el núcleo de los hechos ahora confirmados por la Audiencia Nacional.