La Audiencia Nacional analizará si el BBVA se apropió de 100 millones de «inexistentes cláusulas suelo de hipotecas»

Ausbanc recurre la denuncia en la que revela que la entidad tramó incluir ese sistema convencida de que miles de usuarios no releen los contratos con el paso de los años

La asociación especializada en la defensa del consumidor y, en concreto, contra eventuales abusos bancarios, Ausbanc, ha elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, mediante recurso, una denuncia por atentado contra los consumidores en relación con miles de operaciones que supuestamente perpetró el BBVA desde 2013 sobre las llamadas cláusula suelo de las hipotecas.

El Banco de España efectuó una inspección al BBVA sobre este asunto a instancias de Ausbanc y constató el supuesto cobro ilícito, mediante recibos manipulados, de unos 100 millones de euros de clientes hipotecarios, según se desprende de la denuncia de Ausbanc. 

El Juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional ha instruido este asunto, pero lo ha archivado porque entienden que no concurren los delitos de organización criminal y estafa a consumidores que se atribuye en la denuncia a la cúpula del BBVA, a la sazón presidida por Francisco González. 

La denuncia, que suscribe Luis Pineda como presidente de la citada asociación de defensa del consumidor, subraya que al menos hasta 2016 la entidad tramó imponer subrepticiamente cláusulas suelo en hipotecas en cuyos contratos nada se decía al respecto. Es decir, ante la caída de los tipos reinantes en esa época, los directivos, por su cuenta, y en la convicción de que los clientes no se darían cuenta, determinaron que había cláusula suelo favorable al banco allí donde esta no se había pactado.

El tema afectaba a miles de clientes, siempre según la denuncia de Ausbanc, que revela que, con esta ilícita práctica, el banco pudo embolsarse más de 100 millones de euros que no eran suyos.

Archivo inicial

En concreto, la denuncia, cuyo archivo inicial aún no es firme y de ahí el citado recurso ante la Sección Cuarta de la Nacional, va dirigida en concreto contra el entonces presidente Francisco González y aquellos otros directivos partícipes de esa decisión, que incluía, caso de que algún cliente se diese cuenta, abonarle lo que demandase. Pero no devolverlo de oficio a los otros.

Añade la denuncia, que ahora está en manos de tres magistrados, que el objetivo principal de esta práctica era el enriquecimiento personal de los miembros de la cúpula del banco, muchos de ellos con sueldos que brincaban los cinco millones anuales.

En 200 millones cifra Ausbanc el dinero que en total se embolsó el ahora expresidente en esa época. Y que solo fue ese afán lucrativo lo que les llevó a su «depredadora actuación contra los empleados del banco y, peor aún, contra los clientes».

Se da la circunstancia, se recuerda en la denuncia, que el BBVA es la entidad que mayor número de condenas ostenta en los tribunales fruto de abusos contra usuarios. La cláusula suelo fue declarada nula por el Supremo en mayo de 2013. 

Fue Pineda quien tuvo cocimiento y datos fehacientes sobre esta operativa supuestamente ilícita y quien llevó el asunto a los tribunales. Entendía delictivo que la entidad idease una cláusula suelo allí donde nada decía el contrato de préstamo hipotecario. Y que solo se devolviera el dinero a los clientes que se daban cuenta y reclamasen.

Casi nadie relee los contratos tras el paso de los años y, además, reclamar a un banco conlleva tener que buscar y pagar un abogado y procurador. A veces supone más dinero del que se demanda y muchos usuarios desisten.

Cuando empezaron a crecer las reclamaciones, el BBVA decidió atender aquellas posteriores a la fecha de la sentencia antes citadas y obviar las anteriores, salvo algunas. Antes de la sentencia hubo 114 reclamaciones, que fueron atendidas. La entidad solo reconoció unas 500 operaciones en las que se habían cobrado indebidamente los efectos favorables de la citada cláusula. Luego rectificó y elevó a más de 9.000 las operaciones irregulares.

Todos estos datos, algunos contradictorios y luego rectificados, los facilitó la entidad al Banco de España, que abrió una investigación al respecto tras un escrito de Ausbanc. 

Cuando todo quedó al descubierto, el BBVA lo justificó como «un error operativo». El error le supuso entonces embolsarse por esa vía 100 millones de euros de clientes. 

Ahora es la Audiencia Nacional la que debe dirimir si aquello fue un simple error o, por el contrario, la cúpula del BBVA con González al frente «actuó de forma premeditada» para conseguir ese lucro.