La acusación popular pide 10 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 para Cristina Álvarez por tráfico de influencias y malversación

HazteOír reclama la apertura de juicio oral por la Cátedra irregular y el nombramiento de la asistente de la esposa de Pedro Sánchez

La acusación sostiene que ese acceso directo al rector y la presión derivada del escenario institucional condicionaron la voluntad de los responsables universitarios, que tramitaron la Cátedra con celeridad y sin verificar los méritos académicos de Gómez, quien carece de titulación universitaria.
La irregularidad, según el escrito, no se limitó al origen: pese a que el reglamento exigía un codirector con vinculación permanente a la UCM cuando el director no la tuviera, esa figura no existió durante meses tras la firma del convenio, y cuando se nombró —a José Manuel Ruano— su papel fue, en palabras de la acusación, meramente nominal y de cobertura formal.

Empresas, patrocinios y la asistente «en nombre de Begoña»

El texto detalla una intensa actividad de captación de fondos y colaboraciones técnicas entre 2020 y 2024 con empresas como Google, Telefónica, Indra, Deloitte, Reale Seguros, Fundación La Caixa, Making Science, Devoteam y Lefebvre, entre otras, que aportaron financiación directa y trabajo especializado por un valor que la acusación cifra en varios cientos de miles de euros.

En estas gestiones intervino de forma constante Cristina Álvarez, contratada en 2018 como personal eventual de Presidencia con funciones de confianza vinculadas a la agenda institucional de Gómez, pero que —según el escrito— dedicó buena parte de su actividad a la gestión privada de la Cátedra, firmando en ocasiones correos «en nombre de Begoña» desde su cuenta oficial de Presidencia del Gobierno.

El software: registros a título personal y una empresa unipersonal

El núcleo de la segunda malversación es el desarrollo de una plataforma digital de medición de impacto social, financiada con fondos de la Cátedra y con aportaciones directas de empresas tecnológicas.

La acusación sostiene que Gómez, meses antes incluso de la constitución formal de la Cátedra, ya había registrado a su nombre la marca «TSC Transformación Social Competitiva», y que en 2022, cuando la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM le advirtió que ni ella ni Álvarez tenían vinculación laboral con la universidad y por tanto no podían figurar como autoras del desarrollo, ambas interrumpieron abruptamente la comunicación.

Poco después, Gómez registró una segunda marca, se hizo transferir el dominio del proyecto y constituyó la mercantil unipersonal Transforma TSC, S.L., integrando así bajo su control exclusivo la marca, el dominio y el software.

La Universidad Complutense cuantifica el perjuicio patrimonial directo en 113.509,32 euros, mientras que las aportaciones empresariales al proyecto habrían superado los 358.000 euros, según el atestado de la UCO incorporado a la causa.

Próximos pasos

El escrito solicita, además de la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado, medidas cautelares reales —anotación de prohibición de disponer sobre las participaciones de Transforma TSC y sobre las marcas registradas, y bloqueo del dominio— para asegurar un eventual reintegro del activo a la Universidad, así como la prueba anticipada de la testigo María Jesús Morillo por razones de salud.

También pide que se ofrezca a la Abogacía del Estado y a la UCM la posibilidad de ejercer las acciones civiles derivadas de los hechos, dado que la acusación popular carece de legitimación para reclamar indemnización.

El escrito llega tras meses de instrucción marcados por recursos cruzados sobre medidas cautelares —incluida la retención del pasaporte de Gómez— y sienta ahora las bases fácticas y jurídicas con las que la acusación popular afrontará el juicio ante jurado.