La aberración de la sangre: el fin de la inocencia

«Quien no castiga el mal, ordena que se haga.» — Leonardo da Vinci

INTROITO Y EXORDIO DE SALVAGUARDA JURÍDICA: El presente texto constituye un ensayo de opinión y una reflexión de ética social fundamentada en la libertad de cátedra. Los hechos que se mencionan se citan con carácter estrictamente presuntivo y bajo la figura de hipótesis fáctica, dado que el proceso se encuentra en fase de instrucción y bajo estricto secreto de sumario. Este autor no afirma la veracidad de los eventos como hechos probados, pues dicha determinación corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. La contundencia del lenguaje y las propuestas de reforma penal aquí vertidas no se dirigen a personas con nombre y apellido, sino a la figura abstracta de la criminalidad contra la infancia y a la necesaria respuesta del Estado ante la posibilidad de tales atrocidades.

Lo que hoy estremece a España bajo un estricto secreto de sumario es una noticia que revuelve las entrañas: presuntamente, unos padres han agredido física y sexualmente a su bebé de apenas un mes de nacido. Este horror no es un evento confinado a una sola nación; el atentado contra la infancia es una gangrena global. No importa la latitud: la tortura, las quemaduras y el maltrato hacia los niños son una perversión que desangra a la humanidad. Estamos ante una aberración que no admite matices sociológicos ni atenuantes de supuesta locura; es la manifestación de una podredumbre moral absoluta y plenamente consciente.

Llamarlos personas es un error semántico. Quienes mancillan la pureza de un recién nacido no son seres humanos; son auténticas mierdas, desechos biológicos carentes de alma que se arrastran como gusanos en las cloacas de la existencia. No hay ignorancia ni «enajenación» que justifique este nivel de maldad. En las geografías rurales más olvidadas, el amor filial es un templo sagrado. Por ello, estos sujetos no son víctimas de una fuerza externa, sino ejecutores de una maldad demonáica que han abrazado por voluntad propia, convirtiéndose en siervos de la perversidad más absoluta y malnacida.

Esta bajeza animal revela una sociedad que ha perdido el temor de Dios. La falta de valores sagrados ha permitido que estas alimañas vean en sus hijos simples objetos de desahogo. No busquen los abogados defensores refugio en «trastornos temporales» ni en «posesiones» que nublen el juicio; aquí hay un ejercicio lúcido de la crueldad. La Biblia es tajante contra quienes eligen este camino: «Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños… mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar» (Mateo 18:6). Es el veredicto contra la voluntad torcida.

Jurídicamente, la dosimetría penal en España para esta vileza es severa pero insuficiente. Según el Código Penal (Art. 183), la agresión sexual a un menor de 16 años con acceso carnal o uso de objetos conlleva de 12 a 15 años de prisión. Al concurrir agravantes como el parentesco (Art. 181.5.e), la actuación conjunta y la extrema vulnerabilidad de una criatura de apenas un mes, la pena debe imponerse en su mitad superior. Sin embargo, para estos engendros, la cárcel es un privilegio que el Estado no debería costear bajo ninguna circunstancia.

A la pena principal deben sumarse las accesorias: la privación definitiva de la patria potestad, la inhabilitación especial para cualquier oficio con menores y una libertad vigilada post-penitenciaria de hasta diez años. Pero esto no basta. Si bien la Constitución Española de 1978 abolió la pena capital en su Artículo 15, es imperativo plantear una reforma que retome la máxima sanción para crímenes de esta ralea. Propongo, además, una castración física irrevocable antes de la ejecución; quien usó su cuerpo como herramienta de tortura, no merece conservar rasgo alguno de su capacidad biológica.

Resulta una tragedia jurídica y una bofetada al sentido común que, debido al principio de irretroactividad de las leyes penales (Art. 9.3 CE), estos sujetos puedan quedar a salvo de la pena capital que aquí se propone. Es indignante que la ley solo mire hacia atrás cuando beneficia al verdugo y no a la víctima. Sin embargo, esta limitación no debe silenciar nuestro reclamo, sino espolearlo: es urgente reformar la Carta Magna para que las futuras generaciones de inocentes no queden desamparadas ante tecnicismos que protegen a mierdas humanas. Si bien el derecho actual les otorga un escudo procesal frente a la muerte que merecen, la historia y la moral deben registrarlos como seres cuya deuda con la humanidad es impagable.

La mirada de estos agresores no refleja locura, sino una oscuridad elegida. Son depredadores que se desquitan con el fruto de sus entrañas, amarrando y golpeando a seres indefensos. Es imperativo que la justicia no se pierda en el laberinto de los tecnicismos psiquiátricos. La verdad debe resplandecer con la fuerza de un rayo, y el castigo debe ser terminal. No existe «atenuante» posible para la perversión de destruir la vida de un infante de tan corta edad; es una traición consciente a la especie humana y a la ley natural.

Exigimos un estatuto de protección universal para la infancia. El Estado que protege la vida del violador, condena a la desprotección a los niños. La reforma debe ser contundente: quien dañe a un niño debe saber que su destino es la extinción legal. Los «padres» involucrados en este caso secreto en España representan el punto más bajo de la existencia; son una escoria que ha renunciado a todo derecho por el simple hecho de haber atentado, con plena facultad de sus sentidos, contra la creación misma.

La retórica no basta cuando la sangre inocente clama desde la cuna. Debemos llamar a las cosas por su nombre: estos padres son unos miserables, una basura social que debe ser barrida. La decencia humana exige que el peso de la ley caiga sin piedad sobre sus cabezas. Un mundo que permite que estos monstruos vivan mientras un niño sufre el trauma eterno de la violación y la violencia física, es un mundo que ha perdido su brújula ética y ha permitido que los gusanos dicten la pauta.

Esta denuncia no es un acto de ira ciega, sino un ejercicio de higiene moral. La justicia retributiva es necesaria para sanar la herida abierta por estos actos de perversidad extrema. La aberración cometida es tan grande que no cabe en diagnósticos médicos; es un crimen contra el espíritu humano. La voz de ese bebé es un grito que exige que la ley deje de ser una sugerencia para convertirse en una espada flamígera que no conozca el perdón para lo imperdonable.

Concluyo con la firmeza de quien no acepta la impunidad disfrazada de «enfermedad». Que el nombre de la justicia sea honrado con la eliminación de estas mierdas que infectan la tierra. No permitamos que el silencio del sumario oculte la necesidad de una sentencia ejemplar: la muerte para los asesinos de la inocencia. Solo así podremos mirar a los ojos a nuestros hijos y asegurarles que los perversos pagarán con su vida el daño infligido a lo más sagrado.

«La verdadera medida de una sociedad se encuentra en cómo protege a sus miembros más pequeños y vulnerables.» — Pearl S. Buck.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario