Hoy: 20 de diciembre de 2024
El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha solicitado una “fuerte inversión” para implementar cuanto antes las medidas previstas en la recién aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Según Rodríguez, estas medidas deben “permitir poner en marcha tribunales de instancia, medios alternativos de solución de controversias y oficinas de justicia en los municipios”.
“La progresiva puesta en marcha de los tribunales de justicia debe facilitar un incremento del número de juezas y jueces que propicien una respuesta judicial más rápida”, señala el portavoz, quien insta a las administraciones públicas a desarrollar “un plan de choque para incrementar el número de personas que integran la judicatura”. Esto incluiría aumentar las plazas en las convocatorias de oposición tanto del turno libre como del cuarto turno.
Rodríguez Achútegui advierte de que la administración de justicia enfrenta un “cuello de botella” debido al reducido número de integrantes del Poder Judicial, un problema agravado por el aumento anual de jubilaciones y de casos judiciales. Subraya que “faltan magistradas y magistrados para poder responder a la carga de trabajo que padecen los tribunales”. Por ello, considera fundamental una “amplia convocatoria para 2025 del número de plazas para ingresar en las carreras judicial y fiscal”, lo que permitiría “dotar suficientemente a los nuevos tribunales de instancia”.
Sobre la ley de eficiencia aprobada en la tarde de ayer, Rodríguez la califica como “un paso en la dirección adecuada”, destacando la introducción de nuevos medios alternativos de solución de controversias. Cree que acudir a los tribunales debe ser “sólo después de haber intentado una solución extrajudicial que evitaría costes procesales y la saturación de un servicio público esencial, como es la administración de justicia”. Además, afirma que la nueva normativa permite a los tribunales ser “exigentes” con quienes no hayan intentado resolver el conflicto de forma extrajudicial, gracias a los mecanismos de imposición de costas que se han incluido.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia también valora positivamente la reorganización de la justicia en los municipios mediante la creación de oficinas de justicia municipales. Según Rodríguez, estas oficinas “van a permitir acercar la administración de justicia a ciudades y pueblos donde no hay juzgados”. Entre sus funciones estarán la realización de trámites judiciales como citaciones, notificaciones, presentación de escritos, solicitud del beneficio de litigar gratuitamente y la consulta sobre procedimientos judiciales.
“Además, estas oficinas estarán dotadas de medios audiovisuales que permitan que quienes intervengan en procedimientos judiciales puedan participar telemáticamente”, añade Rodríguez, recordando que esta posibilidad ya había sido contemplada en la ley de eficiencia.
Finalmente, el portavoz de JJpD insiste en la necesidad de una “dotación presupuestaria suficiente” para garantizar que todas estas medidas “no se queden en simples intenciones, sino que pronto sean una realidad que alivie la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, mejorando el servicio público que presta la administración de justicia”.