Juezas y Jueces para la Democracia pide a las comunidades autónomas no abandonar la reforma judicial

El portavoz Edmundo Rodríguez insiste en que la sociedad necesita una administración de justicia más ágil y dinámica, que resuelva con prontitud y calidad sus demandas de tutela judicial

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha instado a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia a “que no abandonen a la administración de justicia” y ha subrayado la importancia de que, frente a los recientes cambios legislativos, “cooperen para que la reforma judicial sea posible y mejore el servicio público que se presta a la ciudadanía”.

Esta petición ha sido lanzada por el portavoz de la organización judicial, Edmundo Rodríguez Achútegui, tras las discrepancias surgidas en la última cumbre sectorial celebrada en Barcelona, cuyo objetivo era coordinar la implementación de los Tribunales de Instancia entre las distintas administraciones públicas.

Desde JJpD se recalca que es esencial la coordinación entre Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, ya que el modelo organizativo que implica la creación de los tribunales de instancia “es de tal envergadura que necesitamos que todas las administraciones públicas que tienen competencia actúen coordinadamente para hacer posible un mejor servicio a los profesionales del derecho y la sociedad”.

Tribunales de instancia

Edmundo Rodríguez afirma que reformas legislativas «ha habido siempre, y quedan algunas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de gran relevancia». A su juicio, “ante retos tan importantes como la puesta en marcha de los tribunales de instancia, que persiguen mejorar la eficiencia del trabajo judicial y racionalizar su organización, no sobra ninguna administración”.

Por ello, el portavoz ha insistido en que sean cuales sean las diferencias, quienes están al frente de estos cambios “se sienten a dialogar y coordinen sus políticas, porque la sociedad necesita una administración de justicia más ágil y dinámica, que resuelva con prontitud y calidad sus demandas de tutela judicial”.

Actores implicados

Rodríguez también ha destacado la responsabilidad compartida entre todos los actores implicados: “Todos los colectivos afectados, desde la judicatura, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios públicos, tenemos la responsabilidad de sacar adelante una reforma que puede mejorar un servicio público esencial como el que prestamos en la administración de justicia”.

Para lograrlo, enfatiza en la necesidad de que las comunidades autónomas con competencia «no abandonen su responsabilidad y superen sus discrepancias, abordando políticas comunes que persigan que los tribunales de instancia actúen con plena efectividad cuanto antes”, y concluye que, en su opinión, “el horizonte común que debiéramos perseguir es atender con diligencia y eficacia las demandas que las profesiones jurídicas plantean a los tribunales en representación de cuantos reclaman tutela judicial efectiva”.