El Gobierno de Israel ha aprobado este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, en una decisión sin precedentes desde el inicio de la ocupación en 1967 y que ha sido interpretada por las autoridades palestinas como una anexión de facto del territorio.
La iniciativa ha sido impulsada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, junto al ministro de Justicia, Yariv Levin, y el titular de Defensa, Israel Katz. Según medios públicos israelíes, el objetivo es regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus legal de zonas ocupadas, en un proceso administrativo que Israel abandonó hace décadas por su complejidad.
La medida se justifica, según las autoridades israelíes, como respuesta a los “procedimientos de asentamiento ilegales” que la Autoridad Palestina estaría promoviendo en la denominada Zona C de Cisjordania, un área que permanece bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.
Desde el lado palestino, la reacción ha sido inmediata. El presidente Mahmud Abbas ha denunciado la decisión como una anexión encubierta del territorio ocupado y una escalada peligrosa. En un comunicado recogido por la agencia oficial WAFA, la Presidencia palestina ha calificado la medida como una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones de la comunidad internacional.
El Gobierno palestino sostiene que las decisiones unilaterales israelíes no alteran el estatus jurídico de los territorios ocupados y recuerda que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, siguen siendo territorio palestino ocupado según el derecho internacional.
La decisión añade un nuevo foco de tensión en un contexto ya marcado por el deterioro de la situación política y de seguridad en la región, y previsiblemente generará reacciones en la comunidad internacional en los próximos días.