Además, mostrarán su rechazo al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y la “humillación” que supone la ley de amnistía
Policías y guardias civiles convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) participarán en una concentración que se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre en Barcelona, en apoyo a los 45 agentes procesados por el referéndum del 1-O, y que prestarán declaración como investigados en la sede judicial. Igualmente, mostrarán su rechazo al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y la “humillación” que aseguran supone la ley de amnistía y la financiación de los Mossos d’Esquadra.
Según EP, la manifestación se desarrollará en los juzgados de Barcelona donde han sido citados los 45 agentes. SUP y AUGC muestran su total rechazo a ser humillados ante el acuerdo alcanzado entre el PSOE y los independentistas de ERC para la investidura de Pedro Sánchez.
En ese sentido, se oponen a la cesión de edificios de titularidad del Estado contemplado en el acuerdo entre PSOE y ERC. Este último partido reivindica que la Jefatura de Policía en Barcelona deje de estar en Vía Layetana para convertir el edificio en un museo de la memoria de represaliados del franquismo, aunque el Ministerio del Interior y la Dirección de la Policía se han negado a tal pretensión.
Los agentes declararán en calidad de investigados por los disturbios producidos tras la sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2019. “Nos apedrearon el 1-O del 2017 y ahora nos ‘apedrean’ institucionalmente”, han señalado en un comunicado ambas organizaciones políticas, para añadir: “No podemos permanecer impasibles ante el claro ataque a nuestros derechos profesionales”.
“Desde AUGC y SUP sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno. La Policía Nacional y la Guardia Civil están perdiendo su influencia y presencia en Cataluña debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de esta Comunidad Autónoma”, han denunciado.
Desde estas entidades recuerdan que los agentes pusieron en riesgo su propia integridad física para dar cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional.