El magistrado profundiza también en la conexión de Tsunami Democràtic con eventos en el aeropuerto del Prat y examina posibles vínculos con la financiación del terrorismo
En el marco de la causa relacionada con Tsunami Democràtic, el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha emitido un auto donde ordena diversas actuaciones. Entre estas medidas, destaca la instrucción a la Guardia Civil para localizar a uno de los individuos que se encuentra bajo investigación, Ruben Wagensberg, y se presume podría hallarse en Suiza, según Europa Press.
Localización de investigados y obtención de datos cruciales
Además, instruye la obtención de datos pertinentes sobre los sucesos ocurridos en el Aeropuerto del Prat el 14 de octubre de 2019 por parte de la Agencia Española de Seguridad Aérea y se determina notificar estos hechos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Para después verificar si ha tomado alguna acción en relación con el asunto.
Wagensberg, actualmente diputado autonómico en Cataluña por ERC, ha ganado notoriedad recientemente al huir a Suiza después de haberse visto judicialmente con Tsunami Democràtic. En Ginebra, reside también Marta Rovira, secretaria general de ERC, investigada en esta misma causa junto a Carles Puigdemont, expresidente fugitivo de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Calificación de los hechos y comisiones rogatorias
El auto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 especifica que la clasificación de los hechos imputados a Tsunami Democràtic como delito de terrorismo se evidenció poco después de que se acordara la incoación en 2019 de este procedimiento.
El juez añade que unos días después, el 19 de noviembre, identifica la presencia de hechos que podrían considerarse infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública, como indica el artículo 573 del Código Penal para los delitos de terrorismo.
Ampliación de comisiones rogatorias y resolución Judicial
Además, en las comisiones rogatorias enviadas a Suiza en diciembre de ese año y a Estados Unidos, ya se mencionaba expresamente el delito de terrorismo.
En fechas más recientes, el 4 de mayo, una vez presentados los informes de imputación individualizados, se dictó un auto el 21 de julio que contenía un pronunciamiento expreso sobre la calificación de los hechos como delito de terrorismo.
Aunque el fiscal presentó un escrito de subsanación el 26 de julio, el juez no ha señalado constancia de ningún recurso: “no consta recurso alguno, ni por la Fiscalía, ni por ninguna de las defensas ya personadas en aquel momento, contra el auto de este magistrado de 19 de julio de 2023 en el que ya se calificaba el hecho como delito de terrorismo”.
La resolución explica la necesidad de ampliar la comisión rogatoria enviada a Suiza para añadir nueva información de AENA y Enaire, para consolidar así la existencia de hechos susceptibles de tipificarse según las infracciones previstas en el Convenio de Montreal de 1971 y el Protocolo de 1988.
Asimismo, se decide ampliar la comisión rogatoria para la incorporación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 y ratificado tanto por España como por Suiza.