Se alinea con Anticorrupción que había pedido sacar de la causa tanto a la ex presidenta madrileña como a su sucesor
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado este viernes levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una ‘caja b’ también en el PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al ex consejero Francisco Granados.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera “conocedora” de las actuaciones de la trama ‘Púnica’, por considerar que el hecho de que tuviera “el control absoluto” del PP regional es “insuficiente” para procesarla.
Desde 2014, la AN investigaba esta pieza separada 9 sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación ‘online’ para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.
De esta manera, García Castellón indica que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero ve indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros –los declarados ante la Cámara de Cuentas–, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.
Por ello, el juez procesa a ocho personas: Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que deja como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad, tal y como a podido recoger EUROPA PRESS y que cita FUENTES INFORMADAS.
García Castellón apunta a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.
También sigue los pasos del Ministerio Público en lo relativo a González, ya que, aunque el fiscal vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, al mismo tiempo concluía que estaría prescrito.
El auto de procesamiento empuja a la fase intermedia, la antesala del juicio, esta pieza separada número 9 de ‘Púnica’, la más destacada de una macrocausa que arrancó en 2014 y que ahora componen una docena de líneas de investigación.
Se archiva también para más imputados
A su vez, se ha anunciado que se archiva para los otros 71 imputados, entre ellos Aguirre, González, Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria, Juan José Güemes, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.
Además, rechaza la petición realizada por la acusación popular del PSOE de imputar al PP. El instructor alega que, en primer lugar, sería “improcedente” porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, “con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses”. Y, en segundo lugar, porque sería una imputación “innecesaria e inútil”, dado que los posibles delitos están prescritos.
En lo que respecta a Aguirre, García Castellón explica que “no puede considerarse acreditada su participación en los hechos delictivos” pues, “más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las autonómicas de 2007 y de 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los mismos”.
Con ello, el juez alude a una conversación entre Aguirre y González de la que dice que cabría deducir que la ex presidenta madrileña “podía sospechar o intuir que se había sobrepasado el límite del gasto electoral”, pero al mismo tiempo cree que esa charla también “revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido” y se basa en “la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación FUNDESCAN, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era”.
García Castellón deja claro que, “aunque lo anterior podría plantear si (Aguirre) se situó en lo que se denomina ignorancia deliberada”, “tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación” contra la ex dirigente ‘popular’.