Fondos de inversión y energéticas quieren embargar a España casi 1.200 millones de euros en activos

La pretensión obedece a las condenas judiciales por el recorte del gobierno Rajoy a las primeas a las renovables, pero el gobierno en funciones no pagará

España soporta 21 condenas internacionales por el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy a las primas de las renovables, tras haber obtenido sendas victorias en los arbitrajes judiciales, pero el Gobierno en funciones apuesta por no pagar ni un euro.

Los pleitos vienen de lejos, cuando el ejecutivo de Mariano Rajoy recortó las primas a las renovables, que había establecido el gobierno de Rodríguez Zapatero y los demandantes se sienten fortalecidos por el reconocimiento a sus derechos en tribunales internacionales como el Ciadi, el órgano arbitral del Banco Mundial.

Los afectados, pese a que el Gobierno esté en funciones y estimulados por los laudos, quieren cobrar los cerca de 1.200 millones que tienen reconocidos legalmente y, ante la inmovilidad de España, su estrategia sigue siendo el embargo de activos de España en países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido.

Los fondos y empresas energéticas manejan una lista de dos mil activos españoles; localizados en extranjero, por un valor cercano a los 3.000 millones de euros. Las sedes del Instituto Cervantes y de l’Agència per a la Competitivitat de L’Empresa; en Londres, los activos de Navantia en Australia o la deuda pendiente que tiene la aseguradora del Prestige el estado; tras la tragedia medioambiental de 2002, son algunos de las propiedades y derechos que aparecen en lista de los llamados “21 enemigos” de España.

Entre los afectados destaca RREEF, un fondo de inversión alternativa vinculado a Deutsche Bank, o el ‘caso Antin’ que pasó a manos del fondo Centerbridge, tras venderlo el propio afectado. Centerbridge, a su vez, ha sindicado los derechos del pleito entre más fondos especializados en este tipo de litigios, como Burford Capital.

También aparece en esta lista, Nextera, uno de los principales fondos de inversión de infraestructuras de Estados Unidos que tiene la causa más costosa para España, 290 millones de euros, o la filial energética de Toyota, Eurus Energy.

Gastos derivados de los arbitrajes

El plan de España de no pagar los laudos internacionales añade sobrecostes, en concepto de intereses financieros y de gastos judiciales. Por la vía de los gastos judiciales, Madrid ha desembolsado 71 millones de euros en la contratación de costosos bufetes internacionales de abogados, y otros 58 millones por las condenas en costas<, para un total de 129 millones de euros, por ambos conceptos.

La demora en el pago de las 21 indemnizaciones que obligan a España a resarcir a los afectados con una serie de indemnizaciones que suman 1.161 millones ha generado ya unas obligaciones financieras adicionales de 119 millones. En total, este planteamiento ha supuesto un aumento de 248 millones de euros en las obligaciones, un 21% más de lo que habrían pagado en caso de que el gobierno se hubiese limitado a cumplir las resoluciones, según expertos.

Rebaja del 85% de España

El Gobierno en funciones defiende su estrategia, alegando que los laudos se han rebajado en un 85%, desde los diez mil millones reclamados, inicialmente, a los 1.200 millones actuales, según datos oficiales recogidos por Vozpopuli.

Expertos legales españoles han solicitado la anulación de los laudos que otorgan una indemnización a inversores internacionales provenientes de un estado miembro de la Unión Europea, debido a que España considera no cabe el arbitraje intra europeo al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, por ser contrario al derecho comunitario.

Otro argumento de la defensa española sostiene que el pago de estos laudos es contrario al derecho europeo. La Abogacía del Estado y los diferentes bufetes contratados comparten que estas indemnizaciones pueden constituir una ayuda de estado “ilegal” e “incompatible con el mercado interior”.

Cuando España recibe un laudo; reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, y el Gobierno considera que no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales en tanto que estado miembro de la Unión Europea. Una posición que anima a los fondos y empresas al embargo de activos; siempre según el criterio de expertos juristas y financieros.