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Flores anuncia querellas contra el director de la cárcel de Meco y la subdirectora del ‘Victoria Kent’: “Ellos son los culpables de mi huida, y mi vida peligraba…”

Juan Antonio Flores

Juan Antonio Flores, en la cola para la cita con el departamento de discapacidades. A la izquierda un árbol con un cartel pegado alusivo a la subdirectora del Victoria Kent, Leonor Morales-Arce. / FI

Apuesto a que el ministro Marlaska, Fernando, y el jefe que tiene colocado en Prisiones, Ortiz, Ángel Luis, seguro que saben que el caso del interno diabético Juan Antonio Flores ha costado mucho dinero al Estado, posiblemente extraído del oscuro agujero de los fondos reservados.

¿Qué pensaría el contribuyente si supiera lo que han costado al bolsillo común las putadas físicas y sanitarias que soportó Flores en el cautiverio de Soto del Real, y todo por culpa de la ineptitud y desidia, rayana en lo criminal, del servicio sanitario de la cárcel de Soto del Real, en 2018.

Aún habiéndole generado a Flores, la negligencia de Soto, una discapacidad del 75%, reconocida por la Comunidad de Madrid, el trato en prisión hacia él en los años siguientes ha sido cuanto menos desalmado. Inhumano.

Si ni Pepe Comerón, el director de la cárcel de Alcalá Meco (Madrid), ni Leonor Morales-Arce, hubiesen actuado con la saña que lo han hecho contra Juan Antonio Flores, hoy nada sería como es. O sea, un padre de familia de 44 años y con cuatro hijos pequeños que se halla ahora prófugo porque decidió no regresar a la cárcel, durante su último permiso en el penal de Navalcarnero, debido a un reiterado maltrato sanitario. Muy grave.

Juan Antonio Flores padece una diabetes crónica y grave. Ha estado a punto de morir durante su cautiverio y, pese a ello, la desatención médica sufrida después ha sido casi delictiva: Pepe Comerón no lo llevó a las citas de los hospitales que iban llegando al penal para tratar a Juan Antonio Flores de sus muy graves patologías. “Que pida un permiso y vaya el por su cuenta”.

Eso le dijo el servidor público José o Pepe Comerón. Aún sabiendo que las citas de un hospital las pone el hospital. No él. No son a la carta. Y, además, ¿qué es eso, José Comerón, de que pidiese permisos de salida para acudir por su cuenta a las citas, que, por cierto, eran voluminosas y muy frecuentes?

La obligación de la cárcel, así está reglado, es proporcionar al interno los medios para que acuda a su cita si está enfermo. Con la oportuna vigilancia policial. No es verdad, según Flores, que la policía de Alcalá de Henares pusiera pegas por falta de efectivos.

Con tal de que se le informe por adelantado, no sobre la marcha, nunca ha rechazado conducir a un preso a una cita médica. La familia de Flores lo confirmó con la policía de Alcalá, cuando se enteraban de que el centro había obviado las citas. ¡¡¡Que vaya al médico en sus permisos!!!

Hace solo unos días, Flores salió a la calle para tomar el aire, cerca del lugar en que se esconde de la policía, se mareó, por una repentina bajada de azúcar, y cayó de bruces y a plomo al suelo. Se despertó en una ambulancia del SAMUR.

Se quitó el gotero y se apeó de la ambulancia con sigilo

Se quitó los goteros, se bajó de la ambulancia y se fue andando tras despertar y ver los destellos de las luces de neón de la policía detrás de la ambulancia. Empezó a caminar rápido. Llegó a casa sudando. Y malherido. Días después hubo que darle puntos en la lengua: al caer de bruces se la mordió.

A Flores le cayeron ocho años de cárcel, y llevaba a seis a pulso cuando la juez de vigilancia penitenciaria de Madrid Gracia Paracuellos accedió a darle, por buen comportamiento, los beneficios del artículo 100.2 (parecido a un tercer grado; se sale para trabajar y hay que pernoctar en el centro, distinto de una cárcel normal, a partir de las 11 de la noche). Le dio ese beneficio porque el interno Flores nunca había sido sancionado y se había sacado la carrera de Derecho estando privado de libertad. Estudiando.

Pero Flores no pasaba inadvertido. Lo que fue aprendiendo de Derecho lo puso en práctica en la cárcel sobre la marcha. No rehuía denunciar las injusticias que veía. Desquiciaba a los directivos. Y entonces empezaron lo que los presos definen como putada.

Juan Antonio Flores asegura a FUENTES INFORMADAS que las dos caras que le han llevado a que él hoy esté escondido de la policía se llaman la citada Leonor, subdirectora del centro de régimen abierto Victoria Kent; y Pepe Comerón, el alcaide/director de Alcalá Meco. Él exige a los internos que antepongan el don a su nombre.

Don Pepe, aunque el único don que hay en España, como norma protocolaria, la ostenta el rey Felipe, o don Felipe. No, don Pepe. Es José o Pepe, a secas. Sin embargo, él hasta sanciona, o trama la forma de hacerlo, para que a ningún interno se le olvide que se llama Don Pepe. Los funcionarios también se hacen llamar don. En todas las cárceles.

Las dos putadas

Dos de las putadas más gordas sufridas por este interno, sin contar las desatenciones médicas que le han castigado con un 75% de su capacidad física, son las siguientes:

Después de casi seis años estudiando, y aprobando, Derecho y de una conducta intachable, Flores consigue el artículo 100.2, es decir, deja la prisión de Meco y, por fin, a su director Comerón, y es trasladado al Centro de Régimen Abierto Victoria Kent de Madrid.

Este periódico escribió hace tiempo un WhatsApp a Pepe Comerón ofreciéndole dar su versión sobre todos estos hechos. No ha dicho ni . La opción lógicamente sigue abierta.

Tras llegar Flores al Victoria Kent se pone a trabajar como abogado durante el día. Solo pernocta en el Victoria Kent. Todo marchaba a la perfección hasta que un día, la diabetes que le ocasionó la grave negligencia médica de la que fue objeto en la prisión de Soto, que casi se muere, estuvo diez días en coma, le dio un bajón de azúcar y acabó en el hospital.

Tenía una tasa de 30, el mínimo es 70, y hubo que llamar al SAMUR, que lo estabilizó en su casa, metiéndole azúcar sin tregua, y se lo llevó al hospital. Obviamente, no pudo estar a las 11 de la noche en el Victoria Kent. Al menos 60 llamadas hizo la familia al centro para explicarla lo sucedido.

Por fin alguien cogió el teléfono. Era la subdirectora Leonor. Fue esperpéntico oírla dialogar con la enfermera del SAMUR que había llevado a Flores al hospital. Aquel día fue, lo oyó Flores, cuando le dijo a la facultativa que “le daba igual quién fuera ella”. Que, o Flores estaba allí antes de las 11 de la noche, o usaría sus contactos para trasladarle a otra cárcel.

Flores y Leonor son extremeños. Miembros de su familia cazan en una extensa finca que la familia del interno, y él mismo, poseen en Cáceres. Ninguno de ellos volverá a cazar en esa finca, asegura Flores.

La subdirectora convenció a la junta de tratamiento para quitarle a este interno los beneficios del artículo 100.2. O sea, traslado inmediato a una cárcel cerrada. Nada de trabajar ni salir a la calle.

No se tuvo en cuenta la enorme atenuante que había en su conducta. Justo tras salir del hospital, Flores se reincorporó al Victoria Kent acompañando consigo todos los certificados médicos. Pero a Leonor no le sirvieron. Y cumplió su amenaza y lo trasladó a la cárcel de Pepe Comerón, en Meco, de la que no se puede salir ni para trabajar ni para nada. Es cerrada. Antes, Leonor lo denunció ante el juez por quebrantamiento de condena.

Fue a comienzos de este año. La otra razón que expuso Leonor para quitarle el 100.2 y llevarlo a Meco fue que no había asistido a uno de esos cursillos específicos que da Prisiones a los condenados poco antes de que salgan definitivamente en libertad.

Cursillos en los que se obliga al interno, estúpidamente, a decir que se arrepienten de lo que hubieran hecho so pena de fulminar la posibilidad de obtener el tercer grado y, después, la libertad condicional.

Juan Antonio Flores reconoce que no acudió a esa sesión, pero subraya que ese curso, uno por semana, es a las doce del mediodía de la mañana, y que la única vez que falló lo avisó al centro y que fue por un motivo inesquivable: tenía cita a esa misma hora en la calle de O’Donnell de Madrid con el departamento de la Comunidad de Madrid que gestiona las discapacidades físicas por enfermedad.

Un 75% de discapacidad le han reconocido a Flores. Muy elevada. Y todo por las enfermedades que le ocasionaron por desidia los entonces sanitarios de Soto. Tras el caso Flores los echaron a todos.

Flores dispone de las fotos y correos que remitió esa mañana a la psicóloga que imparte el curso avisándole de su ausencia (en la fotografía que ilustra esta información se ve a Flores en la cola de ese departamento; o iba o no le otorgaban la discapacidad. Los médicos, antes de dársela, querían examinarlo en persona.

La documentación médica y gráfica que acredita el no haber ido una noche al centro y no asistido una vez al cursillo es una justificación razonable. Pero Leonor, la subdirectora, entendió arbitrariamente que no. Y empujó a la junta de tratamiento a desposeer a Flores del 100.2 y mandarlo al Meco de Pepe Comerón, que allí lo esperaba…

Un Comerón distinto

En la etapa de Meco anterior a su traslado al Victoria Kent, Flores había estado en un módulo de respeto, donde están los presos menos conflictivos.

Se lo ganó a pulso haciendo servicios para la cárcel que incluso suponían tener que salir de la prisión. Tenía un carné de conducir del que sólo él disponía en la prisión y que era esencial para conducir ciertos vehículos del centro. Era de total confianza. Ni una sola sanción.

Pero cuando Leonor lo regresó y lo trasladó a Meco, la actitud de Pepe Comerón ya no fue la misma.

De entrada, estuvo cuatro meses intentando que le diera una cita para decirle que debía devolverle el 100.2 y llevarle de nuevo al Victoria Kent, dado que su incomparecencia de aquella noche estaba más que justificada. No es que hubiera ido a un ambulatorio de urgencias, no. Estaba hospitalizado. En la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Comerón, ni caso.

Y aquí viene la segunda gran putada:

En torno al 28 de julio pasado, llegó a Pepe Comerón un escrito del Juzgado de Instrucción 18 de Madrid dándole carpetazo a la denuncia de Leonor acerca del quebrantamiento de condena que ella le había endosado. Sin presunción.

Pero lo cierto es que no hubo ni juicio. Al ver el montón de certificados médicos del SAMUR y del hospital informando de que ese día Flores estaba hospitalizado por una brusca baja de azúcar, el juez lo archivo a petición del fiscal. Es decir, que injustamente durante cuatro meses había estado privado de los beneficios del artículo 100.2.

El día que Pepe Comerón accedió a verle, horas después tenía previsto irse de vacaciones. El pasado 29 de julio. Y lo atendió porque le había llegado el archivo judicial. Fue cuando le dijo a Flores aquello de, “yo ahora me voy de vacaciones, a la vuelta hablaremos…”. ¡¡¡Qué le importaba a él la injusta situación de Flores y que siguiera un mes más puteado!!! Eso debió mascullar Comerón. Lo importante eran sus vacaciones.

Se supone que con Pepe Comerón ya en la playa, 48 horas después de la conversación entre ambos, los funcionarios de Meco subieron a Flores a un furgón que lo llevaría al módulo de yonquis de la temida cárcel de Navalcarnero.

Comerón ni siquiera le dejó tiempo para que hubiese disfrutado de los dos permisos de cuatro y tres días que le había otorgado el juzgado de vigilancia.

Ni vuelta de vacaciones ni nada. A Navalcarnero. Y allí pleiteas, debió meditar Comerón. Con los drogadictos, en el módulo más incompatible con la obligada higiene que impone la diabetes.

Ya desde Meco el interno venía con la uña del dedo gordo del pie derecho levantada. Tenía una úlcera que la diabetes se encargaba de no cerrar. Sus intentos porque lo viera un médico, vanos.

Él solo se curaba con un Betadine que le había prestado otro preso en secreto. Pero la herida necesitaba sí o sí antibióticos, e iba a más…, a Navalcarnero llegó con ella. Tampoco allí le vio ningún médico. Ni le daban antibióticos.

Conseguir una cita con el médico de la cárcel, tanto en Meco como en Navalcarnero, es una odisea, y la prescripción más cómoda y común, los analgésicos.

No es de extrañar, en la de Soto, cuando la desidia médica casi mata a Flores, que el médico solo le recetase analgésicos para combatir el fuerte dolor que le acarreaban los dos kilos de pus que se le formaron en la rodilla.

Fue antes de que se mareara en la cárcel aterido de fiebre y se lo llevaran al Gregorio Marañón, donde le salvaron la vida tras diez días en coma por una septicemia medio cancerosa.

Tras llegar al módulo de yonquis de Navalcarnero, unos 20 días después, Juan pidió un primer permiso de cuatro días. Y regresó sin ningún problema.

Lo mismo había hecho en los 16 permisos que había disfrutado hasta ese momento durante su cautiverio. Por un delito económico en el que Flores, en su vida anterior como empresario en la venta de coches, había reparado económicamente. Es decir, tuvo nueve denuncias de afectados y a todos ellos les devolvió el dinero que fijó el juez en la sentencia. No era un asesino, ni un violador… Llevaba casi seis años y sus víctimas estaban resarcidas.

En el segundo permiso que pidió estando en Navalcarnero, de tres días, decidió no volver a la prisión.

La herida del pie iba a más, no se le cerraba, en la cárcel no le ponían antibióticos, es más, ni siquiera llegó a verle el médico, y decidió, de acuerdo con su esposa, no regresar al centro. Huir.

Al menos hasta que no se le curase la herida. Fuera, y mirando de reojo si la policía le espera en algún sitio, ha estado en centros médicos de la Seguridad Social, que sí le ha  inyectado antibióticos y curado la herida, que ya está mucho mejor, pero aún le queda.

Cuando este bien, regresará. No se le va la cabeza que casi se muere por la negligencia que sufrió en la cárcel de Soto.

Por tanto, si se le hubiese atendido adecuadamente (sin olvidar que ni en Meco ni en Navalcarnero atendían las citas que le llegaban a la cárcel para ser explorado por cuatro servicios médicos del Hospital de Alcalá de Henares), la situación no estaría como está.

 Y si Leonor, antes de trasladarle impulsivamente a Meco, hubiese tirado de sus presumibles conocimientos de Derecho, y no se hubiesen cometido estas arbitrariedades, y no se estaría en esta situación. Con un Flores que no se reincorporó al centro por temor a perder la vida, a que se le gangrenase el dedo.

Dos putadas de libro, que tienen nombre y apellido. Y documentalmente acreditadas.

Para interponer querellas contra los responsables de todos estos hechos, Flores ha contratado a uno de los mejores abogados de España. A Javier Iglesias, quien ha intervenido en buena parte de los asuntos más importantes de la España de los últimos años.

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