Fernando Samper, hasta ahora presidente ejecutivo y rostro visible del Grupo Forestalia, ha presentado su dimisión oficial, cediendo el testigo a su hijo, Ricardo Samper. Este relevo en la cúpula del gigante de las energías renovables se produce en un momento crítico para la compañía, que se encuentra bajo el foco de diversas investigaciones judiciales por presuntas tramas de corrupción. Según ha manifestado el propio Samper al anunciar su salida, confía en que este ajuste «contribuirá a reforzar su funcionamiento y a garantizar su desarrollo futuro», en un intento por blindar la operatividad de la empresa ante la presión de los tribunales.
La renuncia llega apenas 48 horas después de su polémica comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Durante su intervención, el magnate no solo reconoció sus vínculos con el poder, sino que presumió de sus conexiones directas con el entorno del Ejecutivo, asegurando haber estado presente en reuniones en la Moncloa donde llegó a ver al presidente Pedro Sánchez «a través de un cristal». Samper detalló encuentros con figuras clave como la ministra Sara Aagesen y Manuel de la Rocha, quienes, según su versión, mostraron interés por la tecnología de sus aerogeneradores importados de Asia.
Uno de los puntos más comprometedores de su declaración fue el reconocimiento de su estrecha relación con Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán. Samper admitió que Alonso le acompañó a diversas reuniones estratégicas con partidos políticos como el PSE, el PNV y EH Bildu para presentar los proyectos de Forestalia. Además, confirmó que gracias a la mediación de Alonso logró mantener una reunión directa con Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, lo que refuerza las sospechas sobre la influencia del grupo en las esferas de decisión política.
Actualmente, Forestalia enfrenta procesos judiciales de gran calado, entre ellos la investigación por la obtención de más de 40 declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por el Ministerio de Transición Ecológica. La justicia sospecha que estas autorizaciones se lograron a cambio del «presunto pago de dádivas» y pone el foco en Eugenio Domínguez, exsubdirector de Evaluación Ambiental. Curiosamente, Domínguez es la persona que Santos Cerdán recomendó mantener en su puesto a través de una nota enviada a José Luis Ábalos por mediación de Koldo García.
Paralelamente, la Guardia Civil investiga a la compañía en el marco de la «causa SEPI» y la trama del grupo. La Unidad Central Operativa (UCO) rastrea la concesión de una ayuda pública de 17,3 millones de euros otorgada a Arapellet S.L., filial de Forestalia, por parte de Sepides. Los investigadores analizan si esta y otras ayudas fueron el resultado del pago de comisiones a una red formada por Antxón Alonso, la exasesora socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
Ante este complejo escenario, el nuevo presidente, Ricardo Samper, asume el cargo con el reto de iniciar una etapa de regeneración. Desde el Grupo Forestalia se asegura que el objetivo es integrar «las mejores prácticas del sector, consolidando una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia». Sin embargo, la salida del fundador se interpreta en el sector como un movimiento defensivo para tratar de desvincular la gestión diaria de la compañía de las graves acusaciones de tráfico de influencias y cohecho que planean sobre su figura.