Presiona a Lesmes y anima a la rebelión de los vocales conservadores para que no elijan en el Pleno del 8 de septiembre a los dos miembros que deben sustituir a los dos magistrados caducados en el tribunal de garantías el pasado 12 de junio
“Las encuestas no son suficientes”, dice un magistrado, y “parece que Alberto Nuñez Feijóo necesita contar con un Tribunal Constitucional como cañón Gran Berta (420 mm) para seguir desgastando al Gobierno durante el año electoral que ha comenzado, en su viaje a La Moncloa, tal como ocurrió durante la pandemia”.
La provocación.
Feijóo, cuyo objetivo de impedir los nombramientos en el Tribunal Costitucional de cuatro magistrados caducados el pasado 12 de junio, según ya apuntamos, ha sacado pecho.
A raíz de una información periodística ha acusado al Gobierno de pretender controlar el Tribunal Constitucional y, por esa vía, ha ejercido presión sobre el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a tres días del Pleno de dicho órgano convocado en julio pasado para realizar los nombramientos de los los dos sustitutos de los magistrados Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol que corresponde al CGPJ, habida cuenta de que los otros dos -Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez- serán nombrados por el Gobierno, en principio el 13 de septiembre.
“El nombramiento [de los 2 magistrados que corresponden al CGPJ] ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos. El nombramiento ha de hacerse sin ninguna duda. Los nombramientos del Consejo no son fáciles habitualmente porque cuesta aunar voluntades”, declaró Lesmes este lunes día 5 de septiembre.
Es esta voluntad de cumplir con el deber de nombrar a los 2 magistrados el que ya conoce, desde hace al menos un par de semanas, Feijóo.
Como es una norma entre los dos grandes partidos, uno de los magistrados será de sesgo conservador y otro progresista.
A ello se añade el nombramiento de dos candidatos que debe hacer el Gobierno. Los dos que nombró Mariano Rajoy en 2013 también han caducado el 12 de junio.
Los nuevos cuatro magistrados suponen pues, un cambio relevante por primera vez en largos años, dentro del TC, que pasa de mayoría conservador a mayoría progresista.
El PP de Pablo Casado accedió a la renovación del TC mientras no se alteraba la mayoría, pero bloqueó la del CGPJ porque precisamente suponía el cambio de la mayoría conservadora a la progresista, cun reflejo de las victorias electorales del PSOE, pero ahora Feijóo se ha lanzado también a impedir la cobertura de las plazas caducadas en el TC, aparte de mantener vencido al CGPJ.
Al advertir que Lesmes ya no podía convalidar este golpe de estado institucional – tras llevar mucho tiempo haciéndolo-, Feijóo intenta que los vocales conservadores del CGPJ bloqueen el nombramiento en un proceso liso y llano de rebelión.
El CGPJ dispone de la competencia recuperada para nombrar a los dos magistrados. No hacerlo es, según la sentencia del TC de diciembre de 2016 sobre renovación parcial del CGPJ y llegado el caso, del TC, incumplir con un deber.
O una obligación.
Feijóo “ofreció”, hace varias semanas, una especie de cambio de cromos: que el Gobierno paralice los dos nombramientos a cambio de reanudar las negociaciones para renovar el CGPJ.
Pero el Gobierno, que fue toreado primero por Casado y desde abril por Feijoó, decidió que hará los nombramientos que le toca realizar.
Si finalmente el CGPJ, como afirma Lesmes, realiza los suyos, el Gobierno podría retrasar los nombramientos unos días para hacer coincidir en un solo acto los del CGPJ y los del Gobierno.
El PP ha creado con la ofensiva mediática de los medios abiertamente de derecha y la ambigüedad de los llamados de centro-izquierda -que en sus columnas de análisis ilustran la responsabilidad del PP en este bloqueo y en sus informaciones respetan el “encuadre” o “marco” del argumentario de la derecha- para presentar un totum revolutum donde la culpa la tienen los partidos por igual.
En una entrevista con este cronista, el nuevo portavoz del PP para los asuntos institucionales y jurídicos, Esteban González Pons, señaló el pasado 13 de abril que el PP no dilataría la renovación del TC y del CGPJ. Más tarde, las elecciones en Andalucía abrieron uno nuevo paréntesis. El gobierno siguió los compases de la música que dirigía el PP. Pero finalmente llegó a la conclusión de que debía a ver sus nombramientos y cambio la ley para que el CGPJ caducado pudiese hacer los suyos -no por la imposibilidad de hacerlos sino para hacer desaparecer el pretexto de que es inaceptable que el Gobierno haga los suyos y el CGPJ no-, pero la nueva iniciativa llevó a Feijóo a proponer el cambio de cromos: paralizar la designación de los dos magistrados del Gobierno para poder negociar la renovación del CGPJ.
El Gobierno no mordió, esta vez, el anzuelo.
Que ahora Lesmes, un hombre que viene seleccionando jueces, magistrados y presidentes de tribunales superiores de justicia, la.mayoria de ellos conservadores, desde diciembre 2013, y cuyo mandato, como el de todos los vocales, caducó el 4 de diciembre de 2018, diga que va a cumplir la ley y que se debe elegir el 8 de septiembre a los dos magistrados del TC ha supuesto una “insubordinación” hacia Feijóo.
Y se ha abierto contra él una campaña mediática feroz. Es un traidor y oportunista afirman quienes le defendían y le sugerían estrategias hasta antes de ayer mismo.
Lesmes hará un relato por noveno año consecutivo este miércoles 7 de septiembre sobre la situación de la justicia y de los tribunales en la inauguración del año judicial junto al rey Felipe VI y al nuevo fiscal General del Estado, Álvaro García.
La presión que sufre por parte del PP de Feijóo es tal que ha tenido que desmentir este lunes 5 que quiera pasar al Tribunal Constitucional, una práctica que ya ha tenido lugar con presidentes del Supremo y CGPJ al abandonar su función.
Como dijo este lunes Lesmes, candidatos en el Tribunal Supremo para pasar al TC no van a faltar.
La derecha mediática y medios de centroizquierda han puesto el acento en que magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, la Sala Segunda, como parecen ser los casos de Manuel Marchena, Pablo Llarena o Antonio del Moral carecen de interés en la plaza.
Sin embargo, en otras salas, como la Primera (Civil) la Tercera (Contencioso-Administrativo) Cuarta (Laboral) y la quinta (Militar), hasta una docena de magistrados han expresado interés en saltar al TC.
Las necesidades más inmediatas del tribunal de garantías son de especialistas en derecho civil y laboral. Porque las cuatro plazas vacantes y una baja por enfermedad han dejado al TC sin expertos en ambas materias.