El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a negociar con el PSOE la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, pone condiciones claras: los nuevos magistrados deben garantizar la independencia del órgano. Aun así, Feijóo admite que no es optimista sobre un acuerdo.
Según ha explicado en una entrevista con Europa Press, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca mantener el control sobre el TC y prolongar el mandato del actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, cuyo cargo caduca en diciembre. Feijóo señala que el tribunal ha actuado últimamente como tribunal de casación del Tribunal Supremo, anulando sentencias importantes como las de los ERE en Andalucía.
El jefe de la oposición recuerda que, por primera vez en la historia, jueces españoles han recurrido al Tribunal de Justicia de la UE frente a decisiones del Constitucional. “El PSOE controla el TC y el objetivo de Sánchez es seguir controlándolo, no otro”, afirma.
Feijóo también menciona que cuatro magistrados terminarán su mandato a finales de año: Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías. Sus sustitutos deben ser nombrados por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero no suficiente para hacerlo solo, ya que se requiere una mayoría de tres quintos. Feijóo condiciona cualquier pacto a que los candidatos no hayan tenido actividad política en los últimos cinco años y que se respete un sistema de mayorías reforzadas.
El líder popular insiste en que el Tribunal Constitucional actual no demuestra independencia. Señala enfrentamientos con el Tribunal Supremo y la presencia de personas vinculadas políticamente en el TC como un problema. Promete que, si el PP gobierna, no permitirá que políticos recientes ocupen cargos en la Fiscalía o en el Tribunal Constitucional.
Feijóo también ha criticado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por presunta revelación de secretos. Considera que su permanencia responde a intereses del Gobierno y a un intento de desacreditar la justicia en causas que afectan al Ejecutivo. Asegura que, si llega a Moncloa, establecerá límites claros para la Fiscalía: ningún político de los últimos cinco años y el visto bueno del CGPJ.
Finalmente, subraya el informe del GRECO sobre corrupción como un “varapalo” al Gobierno, recordando que España tiene uno de los índices de corrupción más altos de Europa y que ninguno de los 19 asuntos pendientes se ha resuelto. Para Feijóo, mantener al fiscal general en estas condiciones genera incertidumbre y debilita la independencia judicial.