Estremera: cesar a un director no basta para rendir cuentas

La Administración penitenciaria no puede limitarse a mover cargos ni a presentar su salida como una desaparición administrativa

Por JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ FLORES
Jurista. CEO de Flores y Asociados Abogados

El cese de Enrique Valdivieso como director de la prisión de Estremera, en abril de 2024, volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se depuran responsabilidades o simplemente se cambia a la persona de despacho?

Y hay una cuestión que debe quedar clara desde el principio: si a un director se le cesa de un centro y posteriormente se le incluye o destina al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá-Meco, denominado Melchor García, no puede presentarse esa decisión como una desaparición administrativa ni como una solución definitiva. Es una reubicación. Y, precisamente por eso, debe explicarse con absoluta claridad, especialmente cuando existen denuncias, investigaciones o dudas sobre la gestión desarrollada en el destino anterior.

Las informaciones publicadas sobre presuntos malos tratos, investigaciones internas y denuncias en el centro deben contrastarse con resoluciones judiciales y documentos oficiales. Una denuncia no equivale a una condena, pero tampoco puede desaparecer sin explicación. Del mismo modo, un cambio de destino no equivale a una exoneración ni acredita, por sí solo, que se hayan depurado responsabilidades.

El problema no es solo quién dirige una prisión. Es qué ocurre después de que surjan acusaciones graves. Si hubo investigaciones, la Administración debería explicar, dentro de los límites legales, si se archivaron, si terminaron en sanciones o si revelaron fallos de organización. También debería aclarar qué criterios se utilizaron para decidir el nuevo destino y qué controles se aplicarán en el CIS de Alcalá-Meco, Melchor García.

Un cese administrativo no es una sanción disciplinaria. Un nuevo destino tampoco demuestra que se hayan exigido responsabilidades. Son decisiones distintas y no deberían confundirse. Presentar el relevo como si el cargo hubiera dejado de existir puede ser solo una forma de ocultar una reubicación: se borra de un tablero y se coloca en otro, incluso en otro centro, sin que nadie explique qué garantías existen de que no volverá a desempeñar funciones similares, quién supervisará su actuación ni qué medidas impedirán que los hechos se repitan.

Por eso, si la persona cesada en Estremera pasa a desempeñar funciones en el CIS de Alcalá-Meco, Melchor García, la Administración debe decirlo de forma expresa. No basta con anunciar un cese y omitir el destino posterior. No basta con utilizar fórmulas administrativas que hagan parecer que el responsable ha desaparecido del sistema. La ciudadanía tiene derecho a saber si se trata de una separación efectiva de las funciones cuestionadas o de una simple recolocación dentro de la misma estructura penitenciaria.

Las personas internas están bajo custodia del Estado. Conservan sus derechos fundamentales y, por tanto, cualquier denuncia de agresiones, malos tratos o negligencias exige una investigación eficaz, independiente y documentada. También deben examinarse, cuando proceda, los posibles fallos de supervisión y de gestión, sin convertir automáticamente a ningún responsable en culpable.

La misma exigencia debe aplicarse a los niveles superiores de Instituciones Penitenciarias. Las críticas sindicales o políticas no prueban por sí solas ninguna irregularidad, pero sí justifican reclamar transparencia sobre los nombramientos, los controles y las decisiones adoptadas. ¿Quién decidió el cese? ¿Quién aprobó o propuso la reubicación en el CIS de Alcalá-Meco, Melchor García? ¿Qué criterios se valoraron? ¿Se realizó una evaluación de riesgos? ¿Quién responde de la reubicación? ¿Qué órgano supervisará su actuación? ¿Qué garantías existen para las personas internas y para los trabajadores del nuevo centro? ¿Quién asegura que no volverá a ocurrir en Estremera ni en ningún otro establecimiento penitenciario?

También conviene preguntar si se ha informado a los órganos de control correspondientes, si se han preservado los documentos y testimonios relevantes y si las investigaciones internas fueron realmente independientes. ¿Se entrevistó a todas las personas afectadas? ¿Se analizaron las quejas acumuladas? ¿Se revisaron los protocolos de supervisión? ¿Se comunicaron las conclusiones a quienes tenían derecho a conocerlas? ¿Se adoptaron medidas preventivas o únicamente se produjo un cambio de despacho?

La Administración penitenciaria no puede limitarse a mover cargos ni a presentar su salida como una desaparición administrativa. Debe explicar qué ocurrió, quién investigó los hechos, qué conclusiones se alcanzaron, qué medidas se tomaron para evitar que vuelvan a repetirse, por qué se considera suficiente cerrar el episodio con un simple cambio de destino y qué controles se aplicarán en el CIS de Alcalá-Meco, Melchor García.

La transparencia no consiste en publicar expedientes personales ni en condenar antes de tiempo. Consiste en rendir cuentas, explicar las decisiones y distinguir con precisión entre un cese, una sanción, una exoneración y una reubicación.

Porque una prisión puede cambiar de director en un día. Lo que no puede cambiarse con un simple relevo es la obligación de responder a las preguntas pendientes. Y si el responsable cesado continúa dentro de la estructura penitenciaria, destinado al CIS de Alcalá-Meco, Melchor García, la obligación de explicar la decisión es todavía mayor.