¡«Ellas lo que quieren es dinero, pero mucho dinero»!

«La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos.»
— Montesquieu

La noble labor de la defensa técnica penal se ha transformado, en la opacidad de ciertos despachos jurisdiccionales, en un doloroso y flagrante ejercicio de degradación humana y profesional. Una depredadora juez y una depredadora fiscal, investidas de un poder público que pervierten a diario, operan de forma coordinada y milimétrica, no para buscar la verdad procesal ni salvaguardar las garantías constitucionales, sino para cazar a sus presas en un sistema profundamente corrupto desde sus cimientos. El aula de audiencias orales deja por completo de ser el sagrado templo de la legalidad para convertirse en un matadero jurídico despiadado. Allí, los argumentos lógicos basados en el derecho sustantivo y la dogmática penal más rigurosa son desestimados con un desdén maquiavélico y obsceno. Se ignora la jurisprudencia vinculante y se pisotea la lógica elemental con el único propósito de quebrar por completo el espíritu de quien ejerce la defensa técnica. La sagrada presunción de inocencia es erradicada de un plumazo por estas funcionarias, sustituida por una sospecha permanente y asfixiante que anula todo intento de debate técnico.

Este perverso binomio institucional busca, de manera premeditada y sistemática, poner a la defensa técnica y al acusado a mendigar justicia en cada una de las etapas del itinerario procesal. No les basta en absoluto con dictar resoluciones groseramente contrarias a derecho; su verdadero objetivo criminal es la humillación absoluta y pública de una de las partes involucradas. Quieren obligar al profesional a despojarse de su dignidad para rogar de rodillas por libertades y derechos elementales que constitucional y legalmente le corresponden al procesado desde el inicio de la investigación. Cada solicitud formal, cada recurso legítimo de apelación y cada prueba de descargo presentada se recibe con una barrera burocrática infranqueable, hostil y maliciosa. Quien ejerce la defensa técnica se ve forzado a transitar los pasillos tribunalicios en una penosa peregrinación, adoptando la dolorosa postura de un paria desamparado que suplica una limosna jurídica a quienes juraron defender la Constitución, pero optaron por pisotearla con absoluta impunidad. Ellas están enfermas de poder, son narcisistas y las domina por completo el síndrome de hubris.

La siniestra maquinaria de este duopolio de operadoras corruptas se despliega con una crueldad calculada y perversa, porque ellas lo que quieren es eso de forma obsesiva: arrodillar y aplastar a la defensa técnica y al acusado sin piedad alguna, destruyendo al litigante y a sus argumentos éticos en el acto. Existe un goce sádico y perverso en constatar cómo el conocimiento académico avanzado y el esfuerzo técnico más pulcro se estrellan definitivamente contra el muro infranqueable de la arbitrariedad judicial más absoluta. Buscan destruir la moral de la persona imputada falsamente y minar la resistencia jurídica de la defensa técnica mediante el cansancio físico, el desgaste económico y el terror procesal continuo. Las audiencias de juicio se difieren de manera sistemática y sin justificación legal alguna, las medidas cautelares privativas de libertad se endurecen arbitrariamente y se pisotea la humanidad con sadismo demencial mediante detenciones prolongadas y ergástulas oscuras. Es una tortura física y psicológica institucionalizada que pretende demostrar, por la fuerza del miedo, que las leyes vigentes carecen de valor real frente al poder despótico de la tiranía judicial.

El ensañamiento procesal desplegado en estas sedes no es gratuito ni obedece a una simple incomprensión enciclopédica del derecho penal, sino a una estrategia netamente criminal para no concederles y reconocerles la inocencia a los ciudadanos de bien. Aunque las pruebas técnicas que demuestran la no culpabilidad del procesado sean contundentes, decisivas, científicas y evidentes, las operadoras de justicia las invisibilizan deliberadamente en sus actas y actúan con malicia manifiesta. Prefieren mantener la espada de Damocles suspendida sobre el cuello del acusado, prolongando su agonía personal y familiar de forma indefinida en el curso del tiempo. La inocencia es tratada por estas sádicas corruptas como una mercancía que en nombre del Estado y amparadas por su investidura retienen ilegalmente en sus manos con fines extorsivos, negándose a reconocerla si no pagan la extorsión de la fiscal y de la juez. El sistema se niega perversamente a dictar el sobreseimiento de la causa o la absolución merecida en derecho, manteniendo un estado de zozobra que destruye hogares enteros, pulveriza patrimonios y aniquila proyectos de vida.

La verdadera y oscura razón que motoriza este calvario judicial se oculta tras la máscara de la impunidad absoluta que el propio sistema les provee, prolongando el juicio hasta que no les ofrezcan soborno. El retardo procesal malicioso y la hostilidad manifiesta contra la defensa técnica son los mecanismos de presión extorsiva preferidos por la mafia judicial para forcejear la capitulación económica de las familias. La justicia penal se tasa secretamente en miles o millones de dólares o euros y la libertad del ser humano se convierte en un vulgar objeto de subasta clandestina celebrada en despachos privados y oscuros a través de sus monos voladores corruptos. Si la defensa técnica se mantiene firme, inquebrantable en su vía doctrinal y honesta, el proceso se estanca maliciosamente o se inclina de inmediato hacia una condena injusta y draconiana. Es una encerrona criminal perfecta donde el derecho penal sustantivo es secuestrado por la codicia funcionarial, obligando a las víctimas a elegir entre la quiebra económica total o la reclusión en un calabozo.

Cuando la corrupción sistémica hace que la defensa técnica tenga que rogar como un mendigo desahuciado, se destruyen por completo los cimientos republicanos y el Estado de Derecho perece de forma irremediable. Ningún profesional de las leyes debería ver su conocimiento científico convertido en un despojo ante la mirada displicente de funcionarias que actúan en flagrante mala lid. Esta tiranía que pretende hacer arrodillar al valiente litigante como si fuera un vagabundo despojado de derechos debe ser denunciada con firmeza, valentía académica y rigor jurídico internacional. La resistencia digna frente a la extorsión judicial es el último bastión ético que le queda a la sociedad civil para defender su libertad natural. Solo la denuncia penal firme, la recusación debidamente fundamentada y la exposición pública de estas redes de depredadores procesales permitirán rescatar con orgullo la majestad de la justicia; pero toda recusación es en vano porque las amiguitas aplican entre ellas una evidente sororidad delincuencial.

Nota técnica: El presente artículo se configura como una pieza de narrativa literaria basada en una abstracción y ficción jurídica, cuyo objeto es estrictamente docente, académico y pedagógico. Se recurre a la figura discursiva de la hipérbole analítica para ilustrar patologías procesales hipotéticas que jamás deberían ocurrir en el ámbito jurisdiccional. Este ejercicio de reflexión y crítica institucional se encuentra legítimamente amparado por los postulados de la UNESCO sobre la libertad académica, las garantías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al derecho de los intelectuales y juristas a cuestionar el funcionamiento de los poderes públicos, y el derecho fundamental a la contraloría social y ciudadana sobre la administración de justicia.

«No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con el pretexto de la justicia.»
— Montesquieu

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario
Broadcaster