Hoy: 22 de noviembre de 2024
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha abierto este domingo una investigación sobre posibles delitos de obstrucción a la justicia e incitación al delito por parte de Elon Musk, propietario de X (Twitter) y director de Tesla. Moraes ha subrayado que las redes sociales “no operan fuera de la ley” y deben acatar la jurisdicción brasileña.
En sus declaraciones, Moraes ha afirmado que el multimillonario “ha puesto en marcha una campaña de desinformación” y que X abusa de su poder económico para “influir ilegalmente en la opinión pública”. Además, Musk ha sido vinculado a una pesquisa criminal sobre actividades antidemocráticas llevadas a cabo por las llamadas milicias digitales, según ha informado el portal de noticias UOL.
“La flagrante conducta de obstrucción de la Justicia brasileña, la incitación al delito, la amenaza pública de desobediencia a órdenes judiciales y la futura falta de cooperación de la plataforma son hechos que irrespetan la soberanía de Brasil y refuerzan la conexión de la instrumentalización criminal intencional de las actividades de ex-Twitter, actual X, como las prácticas ilícitas investigadas por las distintas investigaciones mencionada anteriormente, y debería ser objeto de investigación por parte de la Policía Federal”, reza el escrito.
Estas acciones se han desencadenado después de que el propietario de la red social declarara su intención de desafiar las órdenes judiciales y levantar las restricciones impuestas a ciertas cuentas en Brasil, al mismo tiempo que ha criticado al juez en diversas publicaciones, solicitando su destitución.
“Próximamente, X publicará todo lo solicitado por Alexandre y cómo esas solicitudes violan la ley brasileña. Este juez ha traicionado descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser sometido a un juicio político. Vergüenza”, ha respondido Musk a las acusaciones.
La compañía, por su parte, ha expresado que se vio “obligada por decisiones judiciales a bloquear ciertas cuentas populares en Brasil”, desconociendo “los motivos por los que se emitieron esas órdenes” y las publicaciones “que supuestamente violan la ley”.
“Se nos prohíbe decir qué tribunal o juez dictó la orden, ni con qué fundamento. Tenemos prohibido decir qué cuentas se ven afectadas. Nos amenazan con multas diarias si no cumplimos. Creemos que dichas órdenes no están bajo el amparo del marco civil de Internet o la Constitución de Brasil, y las impugnamos legalmente”, indica la empresa.
Finalmente, la empresa subraya que el pueblo de Brasil independientemente de sus creencias políticas, “tiene derecho a la libertad de expresión, al debido proceso y a la transparencia de sus propias autoridades”.