El TC se encalla en una renovación bloqueada que amenaza el mandato de Conde-Pumpido

El procedimiento es claro sobre el papel, pero complejo en la práctica: la Cámara Alta debe activar el mecanismo y solicitar a los parlamentos autonómicos propuestas de candidatos

El reloj institucional avanza, pero el acuerdo político sigue detenido. El próximo miércoles expira el mandato del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, junto al de otros tres magistrados. Sin embargo, nadie en los pasillos del alto tribunal espera una renovación inmediata. El bloqueo entre los dos grandes partidos se ha convertido en una situación casi estructural que vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los consensos constitucionales en España.

La renovación afecta a cuatro de los doce magistrados del TC, los designados por el Senado. El procedimiento es claro sobre el papel, pero complejo en la práctica: la Cámara Alta debe activar el mecanismo y solicitar a los parlamentos autonómicos propuestas de candidatos. Ese proceso se puso en marcha a finales de agosto, tras una carta del propio Conde-Pumpido, pero desde entonces no ha habido avances reales. El silencio institucional se ha impuesto a la urgencia legal.

Un bloqueo político sin incentivos para el acuerdo

El principal obstáculo no es técnico, sino político. Ni el PP ni el PSOE parecen tener prisa por cerrar un pacto. Desde el lado popular, el contexto electoral pesa como una losa. Con varias comunidades llamadas a las urnas en los próximos meses y una competición directa con Vox, cualquier acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez se percibe como un riesgo. Dirigentes del PP han verbalizado abiertamente que no es momento de negociar nada con el Ejecutivo.

En el Gobierno, el discurso es el contrario. El ministro Félix Bolaños insiste en que la renovación del TC es una obligación constitucional y reclama al PP sentarse a negociar “día y hora”. Sin embargo, incluso entre fuentes socialistas se reconoce que el clima de confrontación hace prácticamente inviable un entendimiento a corto plazo. El resultado es un bloqueo prolongado que nadie se atreve a calendarizar, según Europa Press.

Este estancamiento tiene una lectura estratégica. El TC mantiene actualmente una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco conservadores. La renovación prevista implicaría la salida de dos magistrados de cada bloque, lo que, en condiciones normales, mantendría el equilibrio. Pero el PP aspira a un escenario distinto: un posible adelanto electoral que le permita llegar al Gobierno con una mayoría reforzada en el Senado y renovar el tribunal con un perfil claramente conservador.

Interinidad, desgaste institucional y decisiones pendientes

Mientras tanto, la vida interna del Tribunal Constitucional continúa en modo interino. Los magistrados cuyo mandato expire podrán seguir en funciones, una práctica habitual que preserva la actual mayoría. Sin embargo, esta situación no es inocua. La experiencia demuestra que, durante estos periodos, el tribunal evita resolver asuntos de gran calado, limitándose a la gestión ordinaria.

Tras el aval a la ley de amnistía, el gran frente pendiente son los recursos de amparo vinculados al 1-O, incluidos los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Decisiones sensibles que, de prolongarse el bloqueo, podrían quedar atrapadas en una parálisis institucional que desgasta al propio tribunal.

Así, la renovación bloqueada no solo amenaza el mandato de Conde-Pumpido, sino que vuelve a proyectar la imagen de un TC rehén de la política, donde los tiempos constitucionales chocan, una vez más, con los cálculos partidistas.