El Supremo solicita el suplicatorio para investigar a Ábalos

Según el juez, «existen elementos bastantes» para considerar que el exministro habría favorecido la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos personales

El juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados el suplicatorio para suspender la inmunidad parlamentaria de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, al identificar «indicios bastantes» de la comisión de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Según el magistrado, «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» sobre la posible implicación de Ábalos en los hechos investigados hace imprescindible recabar la autorización de la Cámara Baja, tal y como exige la Constitución. Esta solicitud se formalizará mediante una exposición razonada dirigida al presidente de la Sala Penal del Supremo para su tramitación.

En el auto, recogido por EP, Puente detalla que esta decisión se basa en las declaraciones tomadas tanto al propio Ábalos como a su exasesor ministerial y al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. También se apoya en la documentación aportada, las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios ordenados por la Audiencia Nacional. Según el juez, «existen elementos bastantes» para considerar que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro», habría favorecido la adjudicación de contratos públicos, en especial durante la pandemia de covid-19, a cambio de beneficios económicos personales.

Entre los contratos investigados se encuentran adjudicaciones urgentes para la adquisición de material sanitario como mascarillas, trajes especiales y laboratorios. Puente señala que De Aldama «aprovechando la relación personal que le unía» con Ábalos y Koldo, obtuvo información privilegiada sobre estas necesidades urgentes, lo que le permitió asegurar la adjudicación a favor de la empresa que representaba, Soluciones de Gestión. Además, habría facilitado otros contratos similares con la administración pública, beneficiando tanto a empresas como a particulares.

En su investigación, el juez concluye que Koldo «intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y realizaba operaciones para ocultar los cobros de la organización». Por su parte, Ábalos habría «intervenido personalmente» y presuntamente disfrutado de los beneficios económicos derivados de estas actividades ilícitas, en colaboración con su asesor ministerial.

Los tres inmuebles bajo sospecha

El auto también menciona «indicios suficientes» de que Ábalos pudo haberse beneficiado económicamente mediante el pago de alquileres y la obtención de inmuebles a precios por debajo del valor de mercado. En concreto, se detalla que:

De Aldama habría asumido el alquiler de la vivienda de la pareja sentimental de Ábalos.
Se habría concertado, mediante una empresa vinculada a De Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet en la costa.
De Aldama habría facilitado un contrato de alquiler con opción a compra de un piso de 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, con un precio de venta fijado en 750.000 euros, aparentemente inferior al valor real de mercado.

Finalmente, el magistrado Puente ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, para que, previa aprobación de la Sala Segunda, se curse el suplicatorio al Congreso de los Diputados a través de la presidenta del Tribunal Supremo.