El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por el PSOE contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por presuntos delitos de odio, injurias y amenazas. El recurso se basaba en unas declaraciones realizadas por Abascal en una entrevista en el diario argentino Clarín en diciembre de 2023, donde afirmó que «habrá un momento dado en el que el pueblo español querrá colgar de los pies» al presidente Pedro Sánchez.
En un auto elaborado por el magistrado Javier Hernández, la Sala de lo Penal argumenta que la corrección del discurso político no puede evaluarse a través del Código Penal. “La corrección, la adecuación del discurso, los niveles deseables de confrontación del debate político son cuestiones que no se pueden, porque no se deben, abordar desde el Código Penal”, recoge el texto, subrayando que se trata de un terreno propio de la confrontación democrática.
El tribunal sostiene que, aunque las expresiones de Abascal muestran una oposición frontal a la figura y a la gestión del presidente, estas “no satisfacen los niveles de antijuricidad penal”. Según el Supremo, no puede establecerse que sus palabras generen un riesgo significativo para la convivencia pacífica o los derechos de ciudadanía de Sánchez y de los militantes socialistas.
Además, el auto recuerda que la protección de la libertad de expresión es especialmente amplia en el contexto político, incluso cuando las críticas son duras o exageradas. “No parece compatible con los propios fundamentos del pluralismo político que puedan oponerse límites penales a los discursos de los representantes públicos electos”, indica la resolución. En este sentido, no se considera que Abascal estuviera promoviendo o incitando directamente a la violencia.
Respecto a los delitos contra el honor, el Supremo también rechaza la acusación, señalando que las palabras fueron pronunciadas en un contexto de debate político, donde los márgenes de la crítica son mucho más amplios tratándose de un presidente del Gobierno. De este modo, se concluye que las declaraciones de Abascal, aunque polémicas, se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión y la participación política.