El Supremo pide al Parlamento Europeo suspender la inmunidad de Alvise Pérez para poder investigarle por financiación ilegal

El magistrado Julián Sánchez Melgar dirige un suplicatorio a la Cámara europea en la causa por los 100.000 euros entregados por el empresario Álvaro Romillo

El magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ha solicitado formalmente al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad parlamentaria del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. La petición se produce para poder investigarlo por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal relacionados con la recepción de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain. La investigación apunta a que el dinero habría sido entregado antes de las elecciones europeas de 2024, con la finalidad de financiar al partido de forma no declarada.

Según el auto judicial, los hechos se originan en una reunión mantenida entre Pérez y Romillo, en la que el político habría solicitado financiación para su formación política “de manera oculta”, sin dejar rastro en los registros oficiales. A cambio, Romillo habría pedido favores e influencias derivadas de la posición de Alvise como parlamentario europeo. El acuerdo incluía la entrega del dinero en efectivo, a través de un intermediario, en una mochila que contenía billetes de diferentes denominaciones.

El juez detalla que el líder de SALF reconoció haber recibido la suma de dinero y haberla llevado a su casa, aunque sin ingresarla en ninguna cuenta. Pérez habría asegurado que el dinero se destinó a gastos del partido, como desplazamientos o comidas, sin que existiera constancia documental de esos movimientos. Esta falta de transparencia podría constituir un delito de financiación ilegal, al no reflejarse las aportaciones en la contabilidad oficial del partido ni en los informes de gasto electoral.

Una versión «poco verosímil»

Durante su declaración voluntaria ante el magistrado instructor, Alvise Pérez intentó justificar la entrega del dinero alegando que correspondía al pago por una conferencia ofrecida en el hipódromo de Madrid ante simpatizantes. Sin embargo, el juez considera esta versión “poco verosímil”, debido a la falta de pruebas y a las circunstancias del pago, realizado en efectivo y sin contrato alguno. La versión del empresario y las pruebas extraídas de su teléfono móvil contradicen el relato del eurodiputado.

El magistrado Sánchez Melgar subraya en su auto que la pericial del teléfono de Romillo refuerza las sospechas sobre la transacción. La investigación considera probado de manera indiciaria que la operación se llevó a cabo para financiar actividades electorales de forma encubierta. Según el juez, esta práctica podría haber alterado las condiciones de equidad y transparencia exigidas en los procesos electorales, al permitir el uso de fondos no declarados por encima del límite legal de 50.000 euros.

El caso se suma a otras tres causas abiertas en el Tribunal Supremo contra Alvise Pérez. Una de ellas está relacionada con la difusión de una prueba PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa. Otra investiga un presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert, y la más reciente examina posibles actos de acoso hacia dos eurodiputados que abandonaron el partido SALF tras las elecciones europeas. Estas investigaciones perfilan un panorama judicial cada vez más complejo para el político y comunicador.