El Tribunal Supremo ante el espejo

De la tragedia del GAL a la farsa de MAR

La sala de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que resolvió el 15 de octubre de 2024 declarar la competencia para instruir la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, estuvo formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Esa sala nombró instructor al magistrado Ángel Hurtado “conforme al turno establecido”.

Quizá por una indisimulable influencia sartreana, me pregunto desde hace semanas, y me decido a confesarlo ahora, si todos ellos -o solamente algunos, o al menos uno o una- no se ha sentido tentado a emular lo que pasa en una de las obras -de las menos conocidas, eso sí-, aquella comedia de teatro dedicada por Sartre a los medios de comunicación en los años cincuenta. Y en particular a una de las escenas en el que uno de los personajes se planta ante el espejo y hace unos gestos. Quien le acoge en su casa le pregunta qué está haciendo, a lo que contesta que hace sus ensayos.

Como quiera que le repregunta qué ensaya, la respuesta es: “Me miento a mí mismo”. Y ante la sorpresa de su interlocutor, que inquiere si también lo hace consigo mismo, el primero explica por qué: “A mí en primer lugar. Tengo demasiada inclinación por el cinismo: es indispensable que yo sea el primer engañado”.

Los cinco magistrados de la sala citados integraban la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando una filtración -de la propia Sala Segunda permitió al “periodismo de investigación” anticipar la sentencia en algunos medios antes de la fecha prevista, el lunes 14 de octubre de 2019, para comunicarla a las partes de la causa.

No diría que algunos magistrados de la Sala Segunda que habían formado el tribunal del procés se miraron al espejo, pero me consta que estaban tan indignados como impotentes por la situación. Porque no se habían producido filtraciones hasta ese momento crucial. No pasó nada.

Y ahora en el caso de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dejamos a Sartre para retroceder de los años cincuenta a los cuarenta, a Hollywood.

Porque los cinco magistrados de la sala han recreado una escena de la película Casablanca (1942), en la que el guión elaborado para el director Michael Curtiz nos dejaba aquella escena protagonizada por el capitán francés Renault entrando en el Rick’s café que regenta el personaje que interpreta Humphrey Bogart, toca el silbato y exclama: “Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso, salgan inmediatamente”. Y mientras los clientes se marchan, Rick se dirige al capitán: ¿Con qué derecho me cierra usted el local? “Qué escándalo, qué escándalo. ¡He descubierto que aquí se juega!” responde el capital indicándole con complicidad que se aparte, mientras el crupier le extiende el dinero y dice: “Sus ganancias, señor”. Renault coge el dinero y susurra: “Muchas gracias”. Levanta la mano con el dinero y grita: “¡Todo el mundo fuera!”.

La sala suprema, en efecto, ha tocado el silbato. Ya estábamos en el reino judicial de las filtraciones. En el film, es el capitán Renault descubre que se juega; en el Supremo quien lo hace es el presidente Marchena.
No puedo dejar de evocar que cuando en los años noventa era yo adjunto a la dirección de El País en una situación política que vaticinaba el fin del ciclo político de los gobiernos de Felipe González también la judicatura y los medios funcionaban como una especie de sindicato mediático-judicial.

En aquellos años, el juez Baltasar Garzón emprendió una cruzada, tras abandonar el gobierno socialista y regresar al juzgado de la Audiencia Nacional, mediante la investigación (con sus correspondientes filtraciones) de los crímenes de la guerra sucia del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), basándose en indicios con los que ya contaba antes de incorporarse al gobierno socialista, y otros nuevos.
Allí, el pretendido “periodismo de investigación”, el de lo que podríamos llamar invesfiltraciones, estaba en su apogeo.

Los diarios de la derecha, centrados en acabar con Felipe González, formaron una pinza mediático-judicial. Ese periodismo se fue degradando más tarde al punto de hacerse adicto a las presuntas informaciones e intoxicaciones del comisario José Manuel Villarejo. Y como el periodismo suele pegarse como a una lapa a los políticos se formó una trinidad entre los medios, dirigentes del Partido Popular, especialmente María Dolores de Cospedal, igualmente adicta a la información presuntamente de inteligencia, y Villarejo.

Creía ella que estaba en su sueldo escucharle y adoptar medidas sobre la base de sus susurros. O Choco, nom de guerre de Francisco Martínez, secretario de Seguridad del gobierno de Rajoy, también adicto y cómplice y promotor de operaciones encubiertas con el entonces comisario.

De la tragedia del GAL hemos pasado ahora a la farsa de MAR, alias de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió en julio pasado que una nota informativa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid en la que se desmentía una información difundida por MAR sobre dos delitos fiscales (350.000 euros evadidos) -que asumió Carlos Neira, abogado de González Amador, en relación con un contrato de compraventa de mascarillas durante la pandemia-, tenía caracteres delictivos por revelar, presuntamente, datos reservados.

La realidad: quién sí había hecho una revelación de secreto de un tercero había sido MAR. Porque ante la noticia periodística el lunes 12 de marzo de 2024 según la cual se perseguía por delitos fiscales a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, filtró a su círculo de periodistas un correo que había enviado el fiscal Julián Salto a Carlos Neira, abogado de González Amador -en respuesta al que le había enviado previamente reconociendo los dos delitos- en el que contestaba que, en efecto, se podía negociar un pacto para zanjar el asunto.

MAR vendió gato por liebre para “salvar” a González Amador y a su pareja. A su vez, Díaz Ayuso hizo como el calamar y escupió su tinta. No había delito alguno y todo era un montaje de Pedro Sánchez.
Pero MAR reveló así un secreto.

No podía ser que un periódico que no fuera El Mundo o Abc publicase la exclusiva (qué hubieran hecho con ella en caso de poseerla no lo sé, así como seguro estoy de que si la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera socialista la habrían publicado sin vacilar). El periodismo de invesfiltración es monopolio de los medios de la derecha.

Porque, tanto MAR, como la UCO y el instructor atribuyen, hasta ahora sin indicio ni prueba, la filtración del 12 de marzo, ya no del correo sino de la noticia del expediente de la Agencia Tributaria, a Eldiario.es a la FGE. Y con el argumentario -falso- de que el pacto de conformidad no se alcanzaba porque “desde arriba”, es decir, la FGE, se impedía. MAR ha declarado a Hurtado que esta era una deducción suya.
Lo esencial: MAR defendió la reputación de Isabel Díaz Ayuso. No son mis palabras. El jefe de gabinete de la presidenta se lo explicó con todas las letras a Susanna Griso:

-He salido en defensa de, y pocas veces eh, de Alberto González Amador, primero porque insisto es una persona honorable pero en la medida en que la crítica a él afecta la reputación de la presidenta del gobierno, y esa sí que es mi misión, lo que afecte a la reputación de la presidenta del gobierno, sea este caso u otro es mi misión defenderla a ella”.

Y esto lo afirma sabiendo que el empresario “ejemplar” González Amador ha confesado a través de su abogado haber cometido dos delitos fiscales. Siguiendo la lógica de MAR, ¿no afecta esa realidad la reputación de Díaz Ayuso?

Cuando más de tres meses después de que el TSJM – vean ustedes la urgencia y gravedad del caso – la Sala Segunda del Supremo resolvió -previo anuncio de la primicia por MAR una semana antes de que así lo resolvería por MAR- asumir la competencia, dejó claro que la nota informativa del 14 de marzo no revestía caracteres de delitos como afirmaba el TSJM.
¿Qué pasó?

Ya hemos contado en estas páginas que en la sala presidida por Marchena no había consenso sobre la exposición razonada del TSJM. Y el presidente siempre buscaba la unanimidad.

La magistrada ponente, Susana Polo, no compartía el criterio de abrir una investigación del fiscal general del Estado por la nota informativa. Porque la nota estaba amparada por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, además, el fiscal general del Estado se había hecho responsable a través de un escrito al TSJM. ¿Resulta que ahora el Supremo tenía que dictarle a la FGE lo que tenía que decir en un comunicado?

Pero el papel aguanta todo lo que le pongan. Y así fue. En lugar de investigar lo que pedía el TSJM, se cambió el objeto de la investigación.

Fue una curiosa resolución a lo Groucho – se le atribuye al célebre actor la frase de “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”- para quedarse la causa en la Plaza de la Villa de París.
La pregunta es: ¿cómo pueden ustedes señores magistrados, cambiar el título de imputación -apoyándose en una providencia dictada el 30 de julio que unía las denuncias por la filtración del correo – en el auto de admisión de un procedimiento contra un aforado?

Es como si cuando llegue en los próximos días a la Sala Segunda del Supremo la autorización del Congreso del Diputados al suplicatorio solicitado por el magistrado Eduardo de Porres para investigar al diputado José Luis Ábalos, el magistrado va y dice: muy bien pero ahora le vamos a investigar una violación.

Oiga aquí lo que pidió la sala del TSJM es perseguir la publicación de una nota informativa y usted le da la vuelta: ¡ Ah no, es que eso no es delito, pero me lo quedo y vamos a investigar … la filtración de un correo.

Sí, el papel lo aguanta todo. Y quizá alguno de los magistrados de la sala -al menos uno o una- se mirase al espejo llevándose las manos a la cabeza cuando el instructor Hurtado decidió enviar simultáneamente a la Unidad Operativa (UCO) a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Madrid para llevarse toda la información de los dispositivos – una faena de doce horas de intenso trabajo móviles, tabletas y ordenadores- y espiar judicialmente en lo que, sin duda, es la mayor afectación al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión en atención a “indicios”, lo que en ningún caso supone o sustituye un juicio razonado de proporcionalidad, cuenta habida de que durante años, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han establecido que en caso de grave criminalidad la interceptación de las comunicaciones se debe hacer para el futuro seguimiento.

Después de que el elefante se retiró de la cacharrería, ante la perplejidad del respetable, el instructor corrió a redactar otra resolución -toda la información está en poder de la UCO- en la que delimitaba que se le debía extractar lo que pudiera estar relacionado con el correo entre los días 8 y el 14 de marzo de 2024. Para este viaje no hacía falta encargar las alforjas que se llevó la UCO.

El estriptis, todo hay que decirlo, ha sido general. Nadie escarmienta en cabeza ajena. La fiscalía General del Estado ha abierto expedientes respecto del secreto de la información: ahí están los casos de los fiscales Vicente González Mota e Ignacio Stampa (objeto de una investigación penal y su separación de facto del caso Tándem-Villarejo).

Ser fiscal general del Estado con un gobierno progresista es estar a contracorriente. No puedes actuar como si eso no existiera y pensar que tú puedes hacer como FGE de Pedro Sánchez lo mismo que pudo hacer en su momento Jesús Cardenal fiscal general de José María Aznar.

El fiscal general del Estado que presume de progresista está herido de muerte ab initio y si no tienes cuidado te matan. Si eres Marchena una filtración no se va a investigar. Si un magistrado del Supremo es fiscal general del Estado será imposible que le metan a la UCO en Fortuny, 4. Y si eres García sí te van a investigar. Y, claro, que también, Marchena lo hace bien y tú no.

El juez Hurtado ya cuenta con datos que según dijo este jueves en la declaración de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid -ella narró que le dijo directamente el 14 de marzo a García que había sido quien había filtrado el contenido del correo a la cadena SER- todavía no han sido aportados a las actuaciones -los de las compañía telefónicas, al parecer- por lo que ya no se volverá atrás.

Alea jacta es. Pedro Sánchez ya busca fiscal general del Estado.
Y no será de la carrera fiscal.