Hoy: 22 de noviembre de 2024
El Tribunal Supremo ha decidido investigar al exministro socialista José Luis Ábalos por su presunta implicación en el caso Koldo, relacionado con una trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. La Audiencia Nacional había enviado una solicitud en la que el juez Ismael Moreno expuso la necesidad de una causa contra Ábalos, señalando “indicios fundados y serios” sobre su “papel principal” en la organización.
Según el auto del Supremo, el magistrado Leopoldo Puente llevará la instrucción del caso, en el que se considera “imprescindible” esclarecer estos hechos que podrían constituir delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
La investigación sobre Ábalos surge tras la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela un “papel relevante y de responsabilidad” del exministro en esta presunta trama, que tuvo lugar durante su gestión en el Ministerio de Transportes entre 2020 y 2021. El informe de la UCO destaca que Ábalos recibió contraprestaciones no en efectivo, sino en beneficios, como el uso de un chalet y el pago del alquiler de un apartamento de lujo, lo que ha sido documentado en registros de conversaciones telefónicas y correos electrónicos, tal y como explica Eldiario.es.
Uno de los elementos clave de esta trama sería el empresario Víctor Aldama, a quien la UCO señala como el “elemento corruptor” que habría financiado diversos gastos de Ábalos, incluida la renta mensual de 2.700 euros de un apartamento en el lujoso edificio Torre de Madrid, donde residía una mujer con quien el exministro tenía una relación sentimental. Según la Guardia Civil, Aldama habría abonado hasta 32 mensualidades de alquiler en este apartamento de lujo en Madrid.
La investigación también apunta a la posible vinculación de Ábalos con el uso de un chalet en la exclusiva urbanización de La Alcaidesa, en Sotogrande, que, según la UCO, habría sido adquirido por Aldama a través de testaferros y utilizado por el exministro como “contraprestación” por su intermediación en contratos de la red. El informe incluye múltiples evidencias de que Ábalos hizo un “uso real” de esta propiedad, lo que refuerza la conexión entre los beneficios que obtuvo y su participación en los contratos investigados.
El Supremo ha dejado claro que los procedimientos contra otros implicados en el caso, que no son aforados, continuarán en la Audiencia Nacional, excepto en aquellos casos en los que exista una conexión directa con Ábalos.