El riesgo de claudicación judicial: entre el membrete oficial y la brujería pericial

La metástasis del peritaje falaz: cuando la ciencia es rehén de la burocracia

«No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige; pero es criminal el capitán que, viendo el naufragio, justifica la vía de agua para no admitir su ceguera.» — Doctor Crisanto Gregorio León

En el ecosistema forense contemporáneo, pudiera estarse asistiendo a un espectáculo dantesco y desolador: el ensañamiento de una burocracia ciega contra la verdad científica indubitable. Bajo el amparo de instituciones que se pretenden incuestionables por el solo hecho de ostentar un escudo oficial, podrían estarse ejecutando experticias con un desprecio absoluto y temerario por los estándares internacionales y los protocolos de rigor. Debemos decir la verdad desnuda, por dolorosa que sea: el hábito no hace al monje, y un carnet colgado al cuello no transmuta en ciencia lo que nace de la negligencia, la improvisación o, lo que es peor, el dolo institucionalizado.

Asistimos a una realidad alarmante donde laboratorios que alguna vez, en un pasado ya remoto, pudieron tener el galardón de la norma ISO, hoy están quedando mal parados frente al escrutinio ético. Aquellas instituciones que en algún momento cumplieron con los requisitos de calidad, han caído en una inercia de mediocridad. La acreditación no es un título nobiliario perpetuo ni un cheque en blanco; es un compromiso de excelencia que se revalida en cada tubo de ensayo y en cada inspección de campo. Sin embargo, muchas de estas instituciones hoy actúan con una soberbia infundada, pretendiendo «enseñorearse» con una credibilidad de fachada que ya no se sostiene en la práctica. Se han encerrado en un círculo vicioso de justificaciones apretadas y tecnicismos vacíos para ocultar que han abandonado los protocolos de las normas ISO/IEC 17025 y 17020.

Peor aún es el panorama de aquellos institutos y medicaturas forenses donde, instalados en una comodidad negligente, pudiera parecer que les importa un bledo no figurar bajo los estándares de excelencia. En el letargo de sus despachos, nada hacen por alcanzar los laureles de la acreditación internacional, prefiriendo la opacidad de la improvisación antes que el rigor de la auditoría externa. Para estas instituciones, la ciencia es un estorbo que interfiere con su comodidad burocrática.

La brujería legal pericial: el rito sobre el método

Es en este escenario de decadencia donde surge lo que he denominado la «brujería legal pericial». ¿Qué es esta práctica sino la sustitución del rigor científico por el misticismo institucional? Hablamos de «brujería» porque estos peritos y laboratorios pretenden que el juez crea en sus conclusiones por un acto de fe, no por una demostración de hechos. Al igual que un hechicero que lanza conjuros que nadie puede cuestionar, el perito falaz lanza afirmaciones dogmáticas sin trazabilidad, sin validación de métodos y sin soportes materiales verificables.

La brujería legal pericial se manifiesta cuando el dictamen se convierte en un dogma de fe que no admite réplica, donde el «yo lo digo porque soy el experto oficial» sustituye al «aquí está la evidencia científica reproducible». Es una práctica oscura donde se manipulan conceptos para que encajen en una narrativa judicial preestablecida, sacrificando la objetividad en el altar de la conveniencia institucional. Cuando un laboratorio desprecia la ISO/IEC 17025, está abandonando el reino de la ciencia para entrar en el terreno de la superstición técnica. Bien dice el dicho que «lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta», y un peritaje amañado, aunque lleve el sello de la principal medicatura forense, no deja de ser un malware técnico, un virus que infecta el proceso y corrompe la justicia.

La abdicación del juez y la creación de mártires

Resulta indignante observar la cotidianidad con la que los jueces, sin mayores reparos ni sentido crítico, pudieran aceptar estos peritajes como verdades reveladas solo por el hecho de provenir de una medicatura forense oficial. Existe en la judicatura una suerte de automatismo letal: así como los seres vivos respiran por un reflejo biológico sin ser conscientes de ello, los jueces podrían aceptar la validez de un peritaje de forma refleja. Para el magistrado, el membrete de la medicatura forense se ha convertido en el oxígeno del proceso; lo absorbe sin cuestionar su pureza.

En esta inercia respiratoria, el juez da por válido y riguroso cualquier informe por el solo hecho de provenir de la institución oficial, sacrificando la justicia en el altar de la costumbre administrativa. Esta falta de «pulso crítico» convierte al juzgador en un simple homologador de la arbitrariedad. Pero la responsabilidad no recae solo en el juez; pudiera recaer también en la alta jerarquía de estos institutos. Se espera de ellos que actúen con la probidad del capitán que, ante las fallas evidentes y los desvaríos técnicos de sus marineros (sus peritos), tenga la nobleza de corregir el rumbo para salvaguardar la navegación de la justicia. Pudiera considerarse una claudicación ética cuando, por amiguismo o por no quedar en evidencia de la propia impericia y violación de protocolos, se prefieren encubrirlos.

En lugar de enmendar y evitar que inocentes vayan a la ergástula por culpa de marineros erráticos, algunos mandos prefieren no rectificar, olvidando que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado (Santiago 4:17). Justificar forzadamente una mentira científica es naufragar en la indignidad. No comprenden que el daño mayor es el que se le hace al alma; todos daremos cuentas ante el Tribunal de Dios por nuestras acciones, al haber preferido los puestos terrenales a los cargos de salvación en los atrios del cielo.

Es una aberración jurídica que se dé por sentado el conocimiento de un médico que, aunque ostente el título, no es especialista en el área específica del peritaje que suscribe. Al aceptar esto como dogmas de fe y estas forzadas justificaciones, el sistema judicial está fabricando mártires: ciudadanos inocentes condenados por la firma de un burócrata disfrazado de científico. Se sacrifica la vida y la libertad de las personas en el altar de una institucionalidad hueca.

Mi Doctrina Integral de la Prueba nace precisamente para denunciar este círculo vicioso. Un peritaje que no puede ser auditado, que no presenta soportes materiales de alta resolución, que no sigue la trazabilidad de la cadena de custodia y que es realizado por un funcionario carente de idoneidad académica certificada, es una nulidad ética y científica. «Mucho ruido y pocas nueces» es lo que ofrecen estos institutos que, mientras se jactan de su poder, dejan mucho que desear en el rigor de sus procedimientos. La justicia no puede seguir siendo rehén de estas prácticas amañadas. Quien no es capaz de tutelar su propia idoneidad respetando los parámetros mundiales de la ciencia forense, carece de toda legitimidad para pretender custodiar la verdad y la libertad de los ciudadanos.

«Pienso que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven.» — José Saramago

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor universitario