El PSOE ha presentado a última hora de este miércoles una enmienda a la proposición de ley que impulsó para renovar el Tribunal Constitucional ante la situación de bloqueo que se ha generado entre los dos partidos que tienen la capacidad de alcanzar una mayoría cualificada. Así, se establece el plazo hasta el 13 de septiembre para que Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe sus magistrados.
La pretensión del Partido Socialista es que el órgano de gobierno de la magistratura no tenga la opción de retrasar, sin fecha límite, la designación de los dos magistrados que le corresponden y que, junto al nombramiento de los dos que corresponden al Ejecutivo, modificará las mayorías del TC para que predomine una progresista. De este modo, se adecuaría la mayoría parlamentaria de izquierdas a la que debe regir constitucionalmente en el Poder Judicial.
La problemática reside en el veto del PP a renovar el Poder Judicial, que lleva más de tres años en funciones, con una mayoría que no le corresponde en función de la representación en el poder legislativo. PSOE y Unidas Podemos presentaron una norma para evitar que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos como fórmula de presión, una reforma del poder judicial. Pero esa decisión ha devenido en contra para la renovación del tribunal de garantías, que actualmente posee una mayoría conservadora, aunque el mandato de cuatro magistrados -dos designados por el Gobierno y otros dos por el propio CGPJ- ha prescrito.
En esto contexto, los socios de la coalición de Gobierno registraron una propuesta para permitir al Poder Judicial hacer sus nombramientos y evitar asimismo la existencia de cualquier duda acerca de si el Gobierno puede hacer sus designaciones al margen del CGPJ. Ello se debe que la Constitución marca que la renovación se debe producir por tercios. Por tanto, uno de esos tercios corresponde al propio Poder Judicial con dos magistrados y al Ejecutivo, que tiene la prerrogativa de nombrar otros dos.