La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo en el Parlamento y secretaria general, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior un análisis de las implicaciones de la decisión de adjudicar a Huawei el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.
Montserrat considera que esta contratación plantea un serio problema de coherencia con las recomendaciones europeas en materia de seguridad tecnológica y protección de datos sensibles. También alerta de que puede comprometer la fiabilidad de España como socio dentro de la cooperación de inteligencia europea y transatlántica.
“Estamos hablando de un sistema que gestiona escuchas con autorización judicial sobre terrorismo, crimen organizado y espionaje. Si esa información termina almacenada en tecnología vinculada a la inteligencia china, el riesgo para nosotros y nuestros aliados es real”, advirtió la eurodiputada en un comunicado.
Según recoge Europa Press, Montserrat ha señalado el peligro de filtraciones o monitorización indirecta por parte de terceros países. Esto afectaría a investigaciones judiciales que incluyan información compartida en el marco de la cooperación OTAN-UE. Tal escenario podría provocar una pérdida de confianza de socios estratégicos como Estados Unidos o Reino Unido.
“La Comisión ha sido clara: la seguridad debe prevalecer sobre el precio. La presencia de Huawei en un sistema de interceptaciones judiciales contradice las recomendaciones europeas y vulnera el principio de precaución en ciberseguridad pública”, recordó Montserrat.
Según la eurodiputada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vulnera el marco de seguridad tecnológica fijado por la Comisión Europea en el “EU 5G Security Toolbox”. A su juicio, esto pone en riesgo la confianza de la OTAN y sus aliados.
El PP recuerda que, en 2020, la Comisión Europea instó a los Estados miembros a limitar o excluir de las infraestructuras críticas a proveedores de alto riesgo. Entre ellos figura Huawei, cuya sujeción a la legislación de seguridad nacional china podría implicar la obligación de colaborar con sus servicios de inteligencia, incluso fuera de China.