El PP lleva hoy a votación en el Congreso una moción para censurar y pedir el fin de los «insultos» a los jueces

La petición también incluye un punto en el que los populares emplazan al Gobierno a pedir a sus socios parlamentarios que retiren la Ley de Amnistía

El PP quiere que el Pleno del Congreso inste este martes al Gobierno a «cesar en los ataques, invectivas e insultos» hacia los miembros de la judicatura, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los parlamentarios de la oposición y los medios de comunicación.

Este es uno de los objetivos que persiguen los ‘populares’ con la moción que someterá a votación en el Pleno de la Cámara y que es consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles dirigieron en la sesión de control al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

La moción del PP, recogida por Europa Press, incluye un punto en el que emplaza al Gobierno a pedir a sus socios parlamentarios que retiren de forma inmediata la Ley de Amnistía que la Cámara aceptó tramitar.

Y después recoge otros cinco mandatos para el Gobierno, empezando por el respeto «escrupuloso» del ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces, de la separación de poderes y de la independencia judicial.

En este contexto, el PP solicita que la Cámara exhorte al Ejecutivo a «cesar en los ataques, invectivas e insultos» hacia personas que ejercen la judicatura, que «desempeñan legalmente» sus funciones en el órgano de gobierno del Poder Judicial, los «parlamentarios opositores» que ejercen su función de control al Gobierno y «los medios de comunicación que divulgan todos estos hechos».

Neutralidad institucional

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo exigen al Ejecutivo que cumpla con la «neutralidad institucional» en relación con el Ministerio Fiscal y todos los organismos y entes autónomos del Estado.

También demandan que rechace «cualquier medida política sobre la soberanía española y los derechos y libertades de sus ciudadanos acordada al margen de las instituciones nacionales, internacionales y comunitarias».

Las peticiones al Gobierno se completan con que se garantice la protección de la «igualdad de todos los españoles ante la ley» y se eviten «medidas que mejoren el estatuto jurídico de unos frente a otros como premio al apoyo de las minorías al Ejecutivo».