Defensa baraja cuatro enclaves, dos en Madrid y otros dos en el extrarradio, para ubicar su proyecto de levantar un ‘pentágono’ español

Las alternativas han surgido tras negarse el alcalde de Madrid a que se construya al lado de La Castellana. Las ‘leyes de guerra’ prohíben crear edificios militares dentro de las ciudades al ser objetivos militares. Además, los vecinos se habían quejado. El alcalde primero dio luz verde al proyecto, una especie de ciudad con hasta 8.000 efectivos, y luego se retractó tras las protestas vecinales.

Ante la masiva oposición vecinal, que ha dado al traste con el proyecto del mamotrético edificio de 18 plantas y al menos 60 metros de altura sobre rasante (y varias plantas en el subsuelo) que la ministra Margarita Robles, con la complicidad del alcalde Martínez-Almeida, planeaba construir en la calle Joaquín Costa, junto al paseo de la Castellana, en El Viso, Defensa está barajando ahora cuatro opciones alternativas.

Esa mastodóntica construcción se iba a levantar en los terrenos de más de 24.000 metros cuadrados que ocupa la Escuela Politécnica del Ejército, y cuyo presupuesto inicial superaba los 100 millones de euros. Lo anunciado inicialmente que se instalaría un “centro de maniobras” (concepto vago e indeterminado bajo el que cabe todo), con alojamientos temporales para más de 8.000 militares. Una ciudad militar. Un Pentágono español.

El proyecto inicial, un fracaso. No se esperaba lo del alcalde

Al fracaso del proyecto en la citada zona ha contribuido, según fuentes militares, tanto la masiva oposición vecinal como que las instalaciones que albergaría esa monstruosa ciudad militarizada serían, muchas de ellas, relacionadas con comunicaciones.

También con información, análisis, planeamiento, dirección, etc. (es decir, labores no solo logísticas sino de conducción y auxilio al combate y de control y planificación militar).

Tal como ha informado este digital, y según la memoria económica del proyecto, registrada por el Ayuntamiento, uno de los propósitos que justifican la propuesta de Defensa era dotar a ese ministerio de nuevas instalaciones “más adecuadas para sus actividades” (entre las que las bélicas son primordiales).

Se trataba, pues, de colocar en el centro de Madrid, junto a viviendas, oficinas, colegios e iglesias, lo que sería un objetivo militar, con el peligro de poder ser legítimamente atacado en caso de conflicto armado, con los consecuentes daños colaterales que ello comportaría.

Además, se trataba de presentar como una “reorganización de oficinas” lo que era realmente una transformación urbanística que debería comportar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Revuelta vecinal

La revuelta vecinal era por el peligro de que una instalación militar como la proyectada por Robles implicaba para los residentes y por las consecuencias que la seguridad del complejo, sus afecciones a la circulación y el aparcamiento suponían, llevó a que se formulara casi un centenar de alegaciones al Plan Especial en la fase de información pública.

Un plan especial cuya publicación por el ayuntamiento de Martínez-Almeida antes de su aprobación definitiva se llevó a cabo, casualmente, el 31 de julio de 2025, es decir, en unas fechas en las que suelen “colarse” por los políticos aquellos asuntos a los que no les interesa que la opinión pública preste atención.

Pero, dado que España ratificó, el 11 de abril de 1989, el Protocolo I de 8 de junio de 1977, adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 (las famosas “Convenciones de Ginebra”, de las que ahora se está hablando con motivo de la guerra entre Irán y los Estados Unidos e Israel), ese edificio era un claro objetivo militar, el centro de operaciones, que no puede situarse en el interior de una ciudad.

El Protocolo I Adicional de 1977, para la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, es un tratado internacional que, al haber sido ratificado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado, forma parte, desde 1989, de nuestro ordenamiento jurídico y tiene un rango normativo superior al de una Ley Orgánica.

Ese dato no podía ser ignorado por las autoridades “competentes” del ministerio de Defensa y del ayuntamiento de Madrid, que debían conocer, al proyectar y autorizar ese edificio, la normativa interna e internacional a la que han de atenerse y deben cumplir este tipo de edificaciones.

Y, ante todo, tampoco debía desconocerlo ni la ministra Robles, que ha sido magistrada del Tribunal Supremo, ni el voluble Martínez-Almeida: es abogado del Estado.

Ninguno podía ignorar que el artículo 58 de ese tratado internacional ratificado por España, dispone imperativamente que “hasta donde sea factible, las Partes en conflicto … b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas”. Inicialmente, Robles lo proyectó y el Ayuntamiento le dio luz verde. Luego ha reculado.

Extrañas ignorancias

Como tampoco podían desconocer tan eximios juristas que son objetivos militares, según el artículo 52.2 de ese Protocolo, “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida” y que “los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares”.

Que el carísimo edificio que Robles y sus consejeros proyectaban construir en el centro de Madrid era un objetivo militar, dadas su naturaleza y previsibles finalidad o utilización bélicas, era más que evidente.

Además, ese edificio, sito en el distrito de Chamartín, entre las calles Joaquín Costa, Felipe Pérez y González, Carbonero y Sol, tendría en sus cercanías inmediatas el cuartel general del Estado Mayor de la Defensa, en la calle Vitrubio, otro indiscutible objetivo militar.

Uno y otro podrían, al contribuir eficazmente a la acción militar, ser legítimamente atacados, con los efectos o daños colaterales que en una zona urbana tan densamente poblada se originarían en caso de que nuestro país se viera envuelto, directa o indirectamente, en una confrontación bélica.

El alcalde Martínez-Almeida es, como el denostado Pedro Sánchez, especialista en cambiar de opinión para eludir responsabilidades.

El Ayuntamiento concluyó en su momento que la ejecución de la propuesta del ministerio dirigido por Robles como plan especial era “viable económica y financieramente” y sostenible en base a lo exigido por la ley.

«Que hable con los vecinos»

Pero ante la respuesta vecinal, Borja Carabante, delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Martínez-Almeida, ha afirmado ahora que cualquier actuación que el Ministerio de Defensa pretenda llevar a cabo en ese solar y que perjudique, moleste o inquiete a los vecinos será paralizada por el Ayuntamiento.

Es decir, que Martínez-Almeida ha dejado a la ministra Robles “colgada de la brocha”.

Pero la inextricable Margarita Robles, maestra del enredo y la intriga, no va cejar en su propósito de construir su pentagonito, que nace gafado.

Proyecto en el que, por cierto, hay grandes intereses económicos en juego, pues, según fuentes del departamento de Robles, el presupuesto inicial de 100 millones de euros proyectado se va a quedar muy corto. Ya cuentan en Defensa con que el dinero se duplicará o triplicará.

Submarino S-80, más dinero…

Igual que el proyecto del submarino S-80, que ya ni se sabe por cuánto ha multiplicado su presupuesto inicial.

Pero ahora que se están librando miles de millones de euros para Defensa, por lo de Trump y la OTAN, sin presupuestos y sin control alguno, es el momento ideal para acometer, sin incómodas fiscalizaciones legales, una obra faraónica que puede dejar cuantiosos réditos a constructores, suministradores de equipos, intermediarios, comisionistas, etc.

Además, posiblemente, de las coimas, cohechos y otras fechorías que, en esta España de Rinconete y Cortadillo, funcionarios y políticos venales pudieran aprovechar para llevar a cabo.

Un ‘roto’ para Robles

Martínez-Almeida le ha hecho “un roto” a eventuales pingues beneficios urbanístico-militares donde todos sacan provecho.

Pero la idea sigue adelante. Ahora habrá que ver dónde coloca la inquieta ministra de Defensa su tan, al parecer, necesario pentágono.

Por eso, en el ministerio de Robles se barajan ya, según fuentes militares, cuatro alternativas para situar esa construcción, que la ministra quiere comenzar como sea y cuanto antes.

Uno de los enclaves que se están analizando es en la calle de Arturo Soria, donde la Marina española tiene unos extensos terrenos.

Aunque dedicados a actividades lúdicas, en ellos se han ido instalando reciente y discretamente varios laboratorios y talleres de tipo científico-industrial.

El problema es que se trata de terrenos urbanos rodeados de edificios residenciales y situados en una zona densamente poblada, por lo que surgirían, sin duda, los mismos inconvenientes que parecen haber abortado la operación planificada en la calle Joaquín Costa.

Además, hay una sorda oposición en el seno de la Armada a que se coloque el edificio de marras en esos terrenos, de los que se verá despojada.

Otra opción

La segunda opción sería colocar esta suerte de pentágono en las instalaciones en La Marañosa, en San Martín de la Vega, donde Defensa tiene un instituto tecnológico repartido en 11 edificios que ocupan 44.000 metros cuadrados y en el que hay 138 laboratorios. Se trata de una zona discreta y no rodeada de asentamientos urbanos. Tiene muchas posibilidades, pero…

El problema es la distancia de Madrid, pues la idea, en el proyecto inicial, era albergar a más de 8.000 personas. Y las comunicaciones no son las mejores.

La tercera alternativa que, según las citadas fuentes, se sopesa, es la de la estación radiotransmisora naval de Santorcaz, en el límite de las provincias de Madrid y Guadalajara.

Aquí, sin embargo, se acentúa el problema de la distancia a Madrid.

Y, finalmente, la cuarta opción, por ahora, sería habilitar el antiguo edificio del gobierno militar de Madrid, en el paseo de la Reina Cristina.

Este ya es un edificio militar, por lo que no se instalaría uno nuevo en el interior de Madrid, aunque también vulneraría frontalmente el Protocolo I Adicional de 1977. Tiene a su favor que se encuentra excelentemente comunicado.

Rehacer el edificio, dándole mayor volumen de edificabilidad, construyendo subterráneos y cuantas instalaciones se precisen pudiera resultar más caro que construirlo de nueva planta. Mucho mejor.

Sin embargo, necesitaría obtener una modificación del Plan General de Urbanismo.

La pega, que los vecinos de la zona monten en cólera y el saltimbanqui de la política que es Martínez-Almeida, al estilo de Pedro Sánchez, cambie de parecer y vuelva a dejar a Margarita Robles tirada en la cuneta.