El PP de Feijóo y su sedición contra el orden constitucional

En el centro de la crisis del Estado judicial está el Tribunal Constitucional cuya mayoría se resiste a perder la derecha conservadora después de nueve años de uso declarado

-Cuando yo empleo una palabra -insistió Humpty Dumpty en tono desdeñoso-, significa lo que yo quiero que signifique. Ni más, ni menos.

-La cuestión está en saber – repuso Alicia- si usted puede conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–La cuestión está en saber- replicó Humpty Dumpty- quién manda aquí. Eso es todo”. 

Alicia a través del Espejo. Lewis Carroll, 1871 

La amplitud del viraje del Partido Popular entre el pasado martes, día 25, y el viernes 28 -tras anunciar Alberto Nuñez Feijóo a Pedro Sánchez, el jueves 27, su retirada del acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- quedó inmortalizado en las dos intervenciones de la secretaria general Cuca Gamarra la semana pasada. El martes consideró que la futura reforma del delito de sedición y la renovación del Poder Judicial “son dos cuestiones distintas, son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. En la reforma, dijo, el PP “impediría la rebaja de las penas”, y que con la renovación se buscaba “las garantías para mantener y garantizar la separación de poderes”. 

Por tanto, de engaño nada. Esta es la prueba de que al PP no se le vendió burra alguna. El martes pasado los populares sabían lo que se hacían.

Gamarra y Feijóo no tenían duda alguna cuando Esteban González Pons y Félix Bolaños cerraron prácticamente el pacto, el lunes 24, que la proyectada reforma del delito de sedición no traicionaba el acuerdo alcanzado. Pero al confirmar que esta vez el pacto no iba por enésima vez de farol, la “coalición de los voluntarios” -círculos de poder que incluyen a magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y medios de comunicación- aumentaron su movilización contra la renovación.

Y ello, al cabo de una semana en la que el PSOE acortaba distancias con el PP en las encuestas, con una difuminación del “efecto Feijóo”, perfiló la reforma del delito de sedición como anillo al dedo para la teatralización de la ruptura.

Ahora bien, ¿cuál es la raíz de que la cabra haya “vuelto” a tirar al monte? 

 Es el Tribunal Constitucional.  

El PP de Feijóo se siente prácticamente en posesión del poder – “la cuestión es saber quién manda aquí”, que diría nuestro Zanco Panco o Tentetieso- en el Estado Judicial en el que se ha convertido España -tomando prestada la definición del jurista Bernd Rüthers (Dortmund, Alemania, 1930)-, le parece que “solo” le falta recuperar el Gobierno de manos de quienes lo “usurparon” con la triunfante moción de censura el 1 de junio de 2018. Para Feijóo, como antes para Pablo Casado, no se trata de ejercer su “derecho a cambiar la ley”, como ha dicho Felipe González el pasado sábado en Sevilla, sino del mal menor de “incumplirla” para mejor recobrar el Gobierno en las elecciones generales de finales de 2023.

Y aquí es donde entra el Tribunal Constitucional. 

En el TC, si se cumple la ley y la Constitución, el PP pierde la mayoría de la que ha dispuesto en los últimos nueve años y cuatro meses. 

Por el contrario, el pacto diseñado y ahora abortado daba diez vocales al sector conservador y diez al progresista con una presidencia pactada. Aquí, por tanto, no estaba el móvil de la ruptura.

Tras la formación del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, el 7 de enero de 2020, y el estallido inmediatamente posterior de la pandemia del coronavirus, el TC fue el instrumento que tanto el PP como el partido ultraderechista Vox pretendieron utilizar para tumbar a un gobierno que según la mayoría de las apuestas – a la vista de sus posibles problemas internos y con sus apoyos parlamentarios- no conseguiría terminar la legislatura.  

Pero la presencia en el TC de un presidente conservador civilizado, Juan José González Rivas, y un sector progresista minoritario empeñado en presentar batalla, aunque no impidieron el uso descarado del tribunal de garantías por parte de Vox y el PP – convertido en tercera cámara después del Congreso y el Senado o en el tribunal de los “varapalos” mensuales al Gobierno-, pusieron límites a la voracidad derechista. 

Por ello, cuando se debía observar la ley orgánica modificada el 20 de julio de 2022 y cubrir las vacantes de cuatro magistrados del TC caducados el 12 de junio -dos del CGPJ y dos del Gobierno-, el PP y su “coalición de los voluntarios”- los cenáculos judiciales y mediáticos de Madrid- extendieron también al TC el objetivo de bloqueo -suspendido parcialmente en noviembre de 2021 con la elección de cuatro magistrados que no alteró la mayoría conservadora- y que habían circunscrito a la renovación del CGPJ desde noviembre de 2018.  

Pero después de esa sustitución, la cabra tiraba otra vez al monte. 

Y así, el PP impidió en el CGPJ, a través de sus vocales conservadores simpatizantes, la designación de los dos magistrados que les correspondía con el pretexto de que ningún magistrado del Tribunal Supremo, y, especialmente, de la Sala Segunda, la Sala de lo Penal, tenía  interés en postularse para ser magistrado del TC. 

 Al tiempo, de manera complementaria, el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, elegido el 22 de noviembre de 2021 por unanimidad, tras la etapa de los “varapalos” artificiosos propinados al Gobierno, por un lado, y el presidente del TS y CGPJ, Carlos Lesmes, por el otro, hicieron llegar a La Moncloa y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que si el CGPJ no nombraba a sus magistrados -lo que impedían los vocales conservadores-, el Gobierno no debía designar a los suyos.  

 O los cuatro o nada.  

¿Y qué pasaba si el Gobierno no hacía caso? Que González-Trevijano y su mayoría conservadora rechazarían dar posesión a ambos magistrados. Con la irreversible consecuencia de que una vez rechazados ya no podrían ser candidatos nuevamente. 

Y ello con la prensa adicta repitiendo la falsedad de que la Constitución estipula cuatro o nada. Cuando precisamente, González-Trevijano había firmado una sentencia por unanimidad, en 2016, según la cual el TC contemplaba incluso para sí, como órgano de garantías, una renovación parcial si uno de los órganos que debía hacer nombramientos incumplía.

 Se trataba de una obligación ex Constitutione y no solo un derecho. 

Todos estos pasos retratan una sedición en toda regla. No es la sedición como delito contra el orden público, que exige como elemento típico el alzamiento público y tumultuario por la fuerza para impedir la aplicación de las leyes o impedir a una autoridad o funcionario público el cumplimiento y legítimo ejercicio de sus funciones y atribuciones (artículo 544 del Código Penal).

 Pero es una sedición “al margen de las vías legales”. 

Miren por dónde y de qué púlpito viene, pues, la dramatización sobre la reforma del delito de sedición, esto es, de los sediciosos que bloquean, al margen de las vías legales, subvirtiéndolas, vaya, la nueva mayoría y presidencia progresista del TC. 

Feijóo ha amenazado con “resetearlo todo” una vez que su sedición triunfe y “recobre” el gobierno de los usurpadores en las elecciones generales. Y ya desbarrando también ha exigido que se le devuelvan todas las facultades al CGPJ que lleva cinco años con su mandato caducado y sobre cuya presidencia suplente, a cargo del vocal progresista Rafael Mozo, pende una medida cautelar – tras ser desestimada la cautelarísima- que solicita el vocal y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Supremo, Wenceslao Olea, íntimo del llamado Grupo de Amigos de Lesmes (GAL).

Y junto con ello, los vocales conservadores, que ya no saben qué excusa poner para bloquear el nombramiento de los dos magistrados del TC -habida cuenta de que ¡existe un magistrado de la Sala Segunda llamado Julián Sánchez Melgar interesado en pasar al tribunal de garantías!- ahora miran al TC y le suplican que con su mayoría conservadora todavía vigente declare inconstitucional la ley orgánica que prohíbe a un CGPJ caducado hace cinco años seguir haciendo nombramientos como si aquí no pasara nada. 

Es un brindis al sol de un sector conservador del CGPJ bastante desesperado ya para que les apoyen desde el TC en su campaña sediciosa resistente a nombrar a los dos magistrados. 

¿No saben que los magistrados caducados González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares ya han empezado a recoger sus pertenencias en los despachos de la madrileña calle de Dοménico Scarlatti?  

¿O es que ellos mismos, vocales del CGPJ, no han empezado la recogida de sus cajas esta semana pasada eny la madrileña calle del Marqués de la Ensenada?  

La situación de ambas instituciones, TC y CGPJ, ha ganado en inestabilidad y precariedad. Sánchez dijo el pasado sábado que “la Constitución debe cumplirse de pe a pa”. 

¿Qué hará el Gobierno con sus dos nombramientos? 

No se precipitará según fuentes de La Moncloa. Dará un tiempo al nuevo presidente suplente del CGPJ para reiniciar las negociaciones e intentar por enésima vez hacer la votación de dos candidatos cuyos nombres ya están sobre la mesa: Julián Sánchez Melgar y José Manuel Bandrés, los dos magistrados del Tribunal Supremo.