El CGPJ recuerda que ya avisó en su informe sobre la ley de que obligaría a revisar penas
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un comunicado en el que expresa “su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos”, con motivo de las últimas revisiones de pena con la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’.
Irene Montero y Victoria Rosell han afirmado que la reducción de penas en algunos casos se debe no a un problema de ley sino a que hay jueces que “están incumpliendo la ley” por “machismo”. A esto, el CGPJ ha señalado que “este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección”, ha añadido.
Además, ha recordado que en el informe del CGPJ sobre esta ley ya se advertía de que el nuevo “cuadro penológico” suponía “una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente'”.
Los jueces se amparan en la Constitución Española y en el Código Penal
Asimismo, ha hecho hincapié en que “la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena'”.
En este sentido, ha señalado que “las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española“.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que ha calificado de inadmisibles las “descalificaciones genéricas” que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vertido sobre las revisiones de pena que han hecho ya algunos jueces con la entrada en vigor de la Ley del ‘solo sí es sí’ y ha defendido el “escrupuloso” criterio judicial basado en criterios “técnico-jurídicos” con base en la ley aprobada.
La organización ha recordado en un comunicado publicado en redes sociales, que el trabajo de revisión a realizar por jueces y fiscales se hace con “escrupuloso respeto” a las garantías del procedimiento y a la ley aprobada en el Parlamento.
Los fiscales de la UPF han considerado que “no son admisibles” las descalificaciones genéricas vertidas sobre la realización de dichas revisiones después de que Montero haya señalado, tras conocerse la reducción de penas a violadores, que el machismo “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”.
Esta supuesta interpretación errónea de la ley por parte de los jueces, se trabaja, según ha apuntado Montero, “con formación obligatoria”. “Nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas porque puede desproteger a las mujeres.
Precisamente la Fiscalía General del Estado (FGE) está analizando las revisiones de condena por abusos sexuales que ya han hecho los jueces y tribunales a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y que han supuesto rebajas de pena, para determinar si es necesario unificar criterios para aplicar la también conocida como ley del ‘solo sí es sí’. Desde que se descubrió este agujero en la conocida como Ley de ‘solo sí es sí’ un total de 14 condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus condenas.