El juez decreta la libertad para Koldo García, el asesor de Ábalos investigado por la compra de mascarillas

Rafael Pérez, el número dos de Interior, prestaba declaración esta mañana como testigo del caso

Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el presunto fraude, ha acordado la puesta en libertad de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Íñigo Rotaetxe. La decisión viene dada después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado prisión para ninguno de ellos.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde ayer a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a más de 20 individuos.

Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.

En todo caso, las fuentes consultadas por Europa Press aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.

El número dos de Interior presta declaración

Los agentes de la Guardia Civil han tomado declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre presuntas mordidas de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, según adelantaba eldiario.es y como confirman varias fuentes de la investigación.

La toma de declaración también ha afectado a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.

Fuentes del Ministerio del Interior han reaccionado a la información señalando que “no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto”.

La cifra supera los 50 millones

La investigación judicial que condujo a la detención de Koldo García Izaguirre, anterior asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material acabó destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.

En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos fueron requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.

En este contexto, la Guardia Civil también ha reclamado esta tarde al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informan a Europa Press fuentes de la investigación.

Contratos con el Govern Balear

El Govern de Francina Armengol realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a la empresa del asesor del exministro José Luis Ábalos, y le reclamó 2,6 millones de euros en el último día de gobierno, en julio de 2023.

Además, el IbSalut recibió en 2022 un requerimiento de la Guardia Civil en el marco de la investigación por sobre Koldo García Izaguirre. Desde el Ejecutivo anterior han defendido su actuación, asegurando que los contratos se hicieron “conforme a la ley”.

La Oficina Anticorrupción balear consultó los datos empresariales de esta compañía, e hizo constar que como administrador único aparecía otra empresa, Purdey Investment SL, que a su vez tenía como administrador único a una persona, José Ángel E.S.

El organismo advirtió que dicho directivo aparecía en los Paradise Papers con dos sociedades offshore en Malta. En aquel entonces, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil habían investigado a esta sociedad por un caso sucedido en Angola.