El ministro Albares lleva dos años negando a un español, trasplantado de corazón y con un tumor, poder verse con su pareja de hecho

El español Miguel B. H. y la filipina Cherry son pareja de hecho según la Delegación del Gobierno en Andalucía. El ministro Albares ni siquiera responde a sus escritos pidiendo el visado para ella, mientras España es un coladero de migración por los cuatro costados

Al ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Albares, se le cuelan miles de migrantes sin papeles por los cuatro costados de España. En pateras, o por los aeropuertos, extranjeros que alegan que vienen de turistas, transcurre el tiempo de la estancia y se quedan hasta que logran regularizarse. El Gobierno acaba de pregonar que iba a regularizar a 300.000 extranjeros, en lo que el PP ve un claro tinte electoral que busca eventuales votos socialistas.

Lo que carece de sentido es que Albares ni siquiera se haya molestado en responder al último escrito del ciudadano español Miguel B. H., de 58 años. Miguel está trasplantado de corazón y combate un tumor de piel de momento controlado. Desde hace dos años, a través de Internet, conoce a la ciudadana filipina Cherry, y hablan y se ven todos los días.

Cumpleaños

Hasta celebran sus cumpleaños. Miguel B.H. es viudo. Ambos llevan mucho tiempo enamorados. La Junta de Andalucía, él vive en Granada, les ha certificado que ambos constituyen ya una pareja de hecho. Miguel B.H., que debido a su enfermedad está prejubilado, enviudó hace cinco años, y tiene la máxima pensión, muy por encima de lo normal, algo más de 3.000 euros netos mensuales.

Es decir, no solo tiene para vivir, sino también para convivir con su pareja, a la que incluso envía dinero periódicamente, igual que cualquier pareja.

Pero en un país convertido en un auténtico coladero de migrantes sin papeles (Miguel entiende, no obstante, “que es lícito que todo ser humano trate de buscar un mundo mejor y “muy importante la solidaridad”), quienes intentan hacer las cosas por la vía de la legalidad, se topa con un embajador en Filipinas, Miguel Utray, y un cónsul en Manila, Javier García, que han decidido que no le conceden visado, porque no les da la gana, sin causa, a Cherry Paghubasan Bagallon, la mujer de hecho de Miguel.

Hay que analizar el negocio que se trae la Embajada de España en Filipinas con una especie de gestoría. Los diplomáticos y los jefes de la gestoría hacen celebraciones periódicas. Eso sí, el que quiera pedir un visado o hacer cualquier otro papeleo, tiene que pasar antes por esa gestoría. 300 euros por los papeles para el visado. Cherry ya ha pagado por los mismos, 600 euros.

Viajes infructuosos

Cuatro infructuosos viajes de cuatro horas ha tenido que dar Cherry desde su pueblo natal hasta Manila para pedir el visado o aportar pruebas de sus vínculos, decretados oficialmente, con ella.

Llevan dos años queriendo unir sus vidas.

Los dos han acudido a la vía reglamentaria, la legal, por escrito, al propio Albares y a su jefe de consulados. Pidiéndoles que concedan el visado para quien es su pareja, Pero el ministro ni sus jefecillos responden a los escritos. Nunca han respondido a nada.

Miguel B. H. le envío en julio pasado un escrito explicando su enfermedad y pidiéndole que diera el visado a Cherry. Ni caso. Este pasado 4 de diciembre ha remitido otro escrito al ministro que en el que le reprocha que, pasados casi cinco meses, no haya respondido a su carta de julio, y recordándole la ley que le obliga a él o por delegación a sus funcionarios a responder a los escritos que se reciben. Es su obligación.

En este ultimo escrito, Miguel B. H. le indica que su omisión puede ser constitutiva de una grave infracción.

“A fecha de hoy no he recibido de ese Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acuse de recibo de la petición formulada, con palmario incumplimiento o desconocimiento (…) de lo que imperativamente establece el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

Este artículo establece: “La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción”.

Pues bien, “han transcurrido cuatro meses desde la presentación del escrito en que se formulaba la petición y la inacción de ese órgano o autoridad del Departamento ministerial de la titularidad de V.E., incumpliendo la ley respecto de un ciudadano español aquejado de gravísimos problemas de salud, resulta clamorosa”, señala en su escrito.

Y añade: “A este respecto, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 9.2 de la meritada Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, no cabe sino colegir que la petición contenida en el escrito que el 22 de julio de 2024 tuvo entrada en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha sido admitida a trámite, habida cuenta que en el largo tiempo transcurrido desde entonces no se le ha notificado declaración de inadmisibilidad en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición a que hace referencia el artículo 9 de citada Ley Orgánica 4/2001”.

Es decir, la ley obliga al ministro cuanto menos a contestar. Y ni siquiera lo ha hecho, pese a que “imperativamente lo dispone el inciso primero del apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001. Es decir, “una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación”.  

“Resulta evidente que, habiendo transcurrido el citado plazo de tres meses, ese órgano o autoridad competente de Asuntos Exteriores no ha contestado ni notificado tal contestación, incumpliendo de manera flagrante la obligación que la norma legal aludida le impone”.

Y, en cualquier caso, no puede olvidarse que el artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preceptúa que “el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable”.

El escrito añade: “don Miguel B. H. se halla enamorado y desear convivir permanentemente con ella, su disponibilidad de medios económicos para mantenerla y la prescripción médica de ser muy recomendable que esté acompañado de su pareja para que le ayude a sus cuidados y al manejo del tratamiento médico inmunodepresor, resultando ser doña Cherry Paghubasan Bagallón la persona ideal para hacerse cargo de esta situación, además de acordar la depuración de la responsabilidad disciplinaria en los términos antes señalados, razones por las que solicita:

“Que por el Consulado General de España en Manila -Filipinas- se le conceda, a la mayor brevedad, a su pareja de hecho, la súbdita filipina doña Cherry Paghubasan Bagallon, visado de entrada en España en régimen comunitario como pareja de hecho de ciudadano español y que se acuerde la incoación del oportuno procedimiento sancionador para exigir la pertinente responsabilidad disciplinaria a los funcionarios o titular del órgano administrativo competente para dictar una resolución expresa”.