El Ministerio de Trabajo y Economía Social se citó el lunes a las 16.00 horas con los agentes sociales para discutir la reforma del subsidio por desempleo. Esta reunión, que coincide con la divulgación de los datos de paro de noviembre, ha sido convocada ante la reciente disputa entre el Departamento de Yolanda Díaz y el Ministerio de Economía de Nadia Calviño.
En la sede del Ministerio se congregaron el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y figuras destacadas como Carlos Bravo de CCOO, Fernando Luján de UGT y Rosa Santos de CEOE.
La reforma del subsidio por desempleo es crucial dentro del Plan de Recuperación de España, aún pendiente de completarse (componente 23). Su implementación es requisito para recibir un cuarto pago de fondos europeos, valuado en 10.000 millones de euros.
Esta reforma, supuestamente acordada con Bruselas por Trabajo, ha desatado tensiones entre los Ministerios de Díaz y Calviño. La propuesta inicial de Economía buscaba reducir la duración del subsidio a 12 meses y disminuir su monto a una media de 442 euros al mes, un cambio confrontado por fuentes del Departamento de Trabajo que defienden los 480 euros actuales.
La vicepresidenta Díaz ha dejado claro que no aceptará recortes y que la reforma es competencia exclusiva de su Ministerio, mientras que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, argumenta que «las reformas estructurales, como el subsidio por desempleo, competen al conjunto del Gobierno».
CCOO y UGT, en medio del cruce de declaraciones, exigían a Díaz convocar una mesa de diálogo social para negociar la reforma. Para ellos, estas prestaciones no son obstáculos para encontrar empleo, sino una protección necesaria que debe ampliarse y simplificarse.
El Ministerio de Trabajo propone elevar el subsidio a 660 euros durante los primeros seis meses y a 540 euros en los seis siguientes, recuperando después el monto original de 480 euros. Esta propuesta incluye nuevos beneficiarios y medidas como la eliminación del mes de espera para cobrar el subsidio y la revisión trimestral de requisitos.
La implementación de estas reformas, que entrarían en vigor hacia mediados de 2024, aumentaría el gasto y el número de beneficiarios en aproximadamente 400.000 personas, lo cual estaría respaldado por un superávit cercano a los 4.800 millones de euros en el Servicio Público de Empleo Estatal para este año.