El Ministerio de Educación pone límite a las aulas masificadas y propone reducir las ratios en Infantil y Bachillerato

Plantea una normativa estatal que rebajará el número de alumnos por docente en la educación infantil de 0 a 3 años y exigirá nuevas condiciones de espacio e instalaciones en los centros

El Ministerio de Educación ha presentado una propuesta para establecer, por primera vez, ratios máximas de alumnos por profesor en el primer ciclo de Educación Infantil. La medida plantea límites de 4 niños para el tramo de 0 a 1 año, 6 para el de 1 a 2 años, y 8 para el de 2 a 3 años. Este plan se implementará de forma progresiva a partir del curso 2027/2028, alcanzando su plena aplicación estatal al inicio del periodo académico 2029/2030.

Además de regular la etapa de 0 a 3 años, el departamento que dirige el Ministerio busca aliviar la carga lectiva en otros niveles educativos. La propuesta contempla reducir la ratio en el segundo ciclo de Infantil, pasando de los actuales 25 alumnos por aula a un máximo de 20. De igual manera, en Bachillerato, el tope de estudiantes por clase se rebajaría de 35 a 30 alumnos, buscando así una mejora en la calidad de la enseñanza.

La normativa propuesta también endurece las exigencias materiales para los centros que impartan el primer ciclo de Infantil. Se estipula que cada unidad deberá contar con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar, garantizando además áreas diferenciadas para el descanso e higiene en las aulas de menores de dos años. Estas condiciones buscan asegurar un entorno óptimo para el desarrollo y bienestar de los más pequeños.

Entre los requisitos técnicos adicionales, los centros deberán disponer de una sala de usos múltiples de al menos 30 metros cuadrados y un patio de juegos de uso exclusivo con una superficie no inferior a 75 metros cuadrados. Asimismo, la norma detalla la obligatoriedad de espacios específicos para la preparación de alimentos y servicios higiénicos adaptados, tanto para los niños de dos a tres años como para el personal docente, garantizando la independencia y accesibilidad de todas las instalaciones.

Con esta reforma del real decreto 132/2010, el Gobierno pretende unificar criterios y establecer una normativa de ámbito estatal que garantice estándares mínimos en todo el territorio. La iniciativa, que ya ha sido trasladada a los sindicatos, marca un cambio significativo en la organización de los centros educativos, con el objetivo declarado de transformar el sistema actual hacia uno más equilibrado y eficiente.