El buque Merbey, de 63 metros de eslora y con bandera de las islas Comores, fue interceptado por la Guardia Civil cerca del estrecho de Gibraltar el 6 de diciembre de 2015 y trasladado por la fuerza al puerto de Algeciras para ser registrado. Un chivatazo decía que escondía toneladas de hachís. La llegada del buque a Algeciras fue el preludio de uno de los más grandes fiascos que se recuerdan en la zona, tránsito de drogas para media Europa.
El barco fue registrado dos veces y allí no había nada. Tras el fiasco, los dueños del barco denunciaron al Estado por los cuantiosos daños. Nadie ha pagado nada.
A los agentes de la Guardia Civil les llamó la atención que, justo al acercarse a 30 millas de la costa, el capitán del Merbey desconectase el AIS del buque (sistema de ayuda a la navegación) e iniciase una “trayectoria errática”. Antes de abordarlo también sopesaron los aparentes nexos del buque “con compañías vinculadas al tráfico de hachís”. Esos fueron los argumentos que expuso el juzgado de la Audiencia Nacional que supervisó la operación, el Central número 5, para ordenar el bloqueo de la nave y su traslado a Algeciras, donde fue precintado.
Armarios taladrados por la Guardia Civil en busca de droga.
El buque procedía de Guinea Bissau y se dirigía a Malta. Oficialmente, con toneladas de grano para la agricultura. Nadie se lo creyó. Al contrario, las autoridades acariciaban la idea de estar ante uno de los alijos de droga más espectaculares del año. Lo cifraban en toneladas.
La operación fue un desastre cuyas consecuencias aún hoy se ventilan en los tribunales españoles. Tras varios e infructuosos días taladrando el mobiliario del buque, los agentes desistieron: allí no había ningún alijo de droga. Cuando se percataron del error ya era tarde, determinadas partes del buque se parecían a un queso gruyere.
Uno de los agujeros hechos en el suelo del buque.
Aunque no se halló nada, la autoridad portuaria decidió retener el barco hasta que se solventasen unas deficiencias técnicas y burocráticas descubiertas durante una inspección paralela al registro judicial. En Algeciras estuvo atracado el Merbey hasta el 24 de marzo del año siguiente, más de tres meses, ante la desolación de la tripulación, nueve marinos procedentes de Ghana, Colombia, Senegal, Togo y Rumanía y un español.
Con el argumento de que el buque no producía, el armador les bajó el sueldo. De vez en cuando les enviaba viandas y algo de dinero para que subsistieran. Pero la tensión creció entre ellos. Hubo hasta un intento de motín. Echaron al capitán la culpa de sus males.
Los dueños del barco tuvieron que repatriar al capitán —del que nada más se ha vuelto a saber en Algeciras— y sustituirlo por otro para apaciguar los ánimos. “Lo pasaron realmente mal, era víspera de Navidad; algunos no aguantaron y se marcharon a sus países; no había ningún cargo judicial contra ellos”, contó a este periodista Marco Antonio de Felipe, el abogado de la sociedad dueña del buque, Barchester Holdindig Limited, radicada en Gibraltar pero residenciada en Comores.
El 11 de enero de 2016, se produjo otro hecho curioso. La Guardia Civil informó al juez de que había recibido un chivatazo sobre el Merbey de la Oficina para la Represión del Tráfico de Estupefacientes de Francia. Los agentes pidieron al juez realizar un registro más exhaustivo en el buque, pero ya sin limitaciones, que incluyera hasta los camarotes.
Adujeron que Francia les había enviado un informe en el que ya no hablaba de toneladas de hachís, pero sí de que se ocultaban en el barco 300 kilos de cocaína. El juez accedió. La cocaína es de las drogas más duras. La tripulación estuvo siempre bajo vigilancia. Para salir del puerto antes tenían que franquear la aduana y eran cacheados.
El chivatazo de la policía francesa sobre el Merbey, según recoge el juez en el auto en el que se autoriza registrar todo el barco, incluidas las zonas privadas, señalaba inicialmente que el buque portaba toneladas de hachís. Un mes más tarde rectificó y señaló que en realidad no era hachís sino “varios cientos de kilos de cocaína” lo que ocultaba. El juez autorizó un segundo registro y a emplear “la fuerza necesaria” contra el mobiliario si fuera necesario. Y la emplearon. Pero ni hachís ni cocaína. No había nada delictivo.
La Guardia Civil volvió al barco con los taladros y las brocas el 19 de enero. Fue el segundo registro. Pusieron el barco patas arriba: horadaron armarios y chapas, destrozaron la refrigeración, levantaron paneles en busca de zulos, rajaron botes salvavidas… Pero allí seguía sin haber nada. El juez José de la Mata decidió entonces archivar el asunto.Una de las barcas salvavidas del buque, rajada.
Resuelto el problema burocrático, el barco se entregó finalmente a sus dueños el 24 de marzo, dos meses, pero tal y como lo dejó la Guardia Civil. Destrozaron hasta una lavadora que tenía la tripulación para limpiar la ropa (valorada en 500 euros por los peritos). “Todo fue un error desde el principio, se equivocaron de barco”, explicó De Felipe.
Desde entonces, el abogado ha pelado para que alguien se haga cargo de los daños causados a la nave, casi 15.000 euros en destrozos, según el informe sobre daños hecho por peritos contratados por la sociedad Barchester. “No hemos querido exagerar los daños, no se ha inflado nada”. Barchester ha pedido una indemnización al Estado español.
Fallida intervención
Todo el mundo se ha desentendido de los daños, empezando por el Ministerio de Justicia, que se negó a indemnizar, alegando que, al tratarse de una investigación judicial, los dueños del barco “han de soportar” de sus propios bolsillos los gastos ocasionados por la fallida intervención de la Guardia Civil.
Los dueños del buque no dan crédito a esta resolución: “Un Estado democrático que se equivoca debe tener la sensatez de resarcir el daño ocasionado”, se quejó el letrado. “Porque los daños están ahí, nadie del barco fue acusado de nada, ¿quién paga los daños de los destrozos?”.
El Ministerio de Justicia es el que responde económicamente de las operaciones judiciales fallidas que generan graves perjuicios a inocentes. Pero es muy restrictivo a la hora de indemnizar. Y la norma que regula la responsabilidad patrimonial del Estado parece escrita para esquivar las indemnizaciones.
Un ejemplo es que hay muchas personas que son encarceladas preventivamente y luego absueltas y Justicia rechaza indemnizarles porque existe el criterio de que un absuelto por presunción de inocencia está obligado a soportar los efectos de una acción judicial equivocada, lo que ha sucedido en el caso del Merbey.
El abogado del buque destrozado no aceptó la negativa del Ministerio de Justicia a indemnizar los daños sufridos. Y anunció que iba a interponer un recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional para que los jueces obligasen al Ministerio de Justicia a resarcir los casi 15.000 euros en daños tasados por los peritos.
El barco fue entregado a sus dueños con una larga lista de daños: balsas salvavidas rajadas, mobiliario del puente de mando forzado, el bote de rescate pinchado; la bodega de carga de popa acabó inundada; también fueron forzadas las tapas de escotilla de las bodegas de carga de proa y popa; y hubo perforaciones en el hormigón de la bodega de carga de proa, agujeros en conductos de ventilación…
La compañía presentó una demanda ante el Ministerio de Justicia y este, antes de tomar una decisión, pidió informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado para ver si debía indemnizar. El Poder Judicial dictaminó que no se había producido ningún funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (lo que sí habría abierto la puerta a una indemnización del Estado). El argumento es que los guardias civiles actuaron en cumplimiento de una orden judicial. Y que en esos casos, el armador está obligado a afrontar los perjuicios aunque no hubiera droga y sea inocente.
Lo explicaba así el Consejo: “(…) Las medidas acordadas por un órgano judicial tendentes al esclarecimiento de los hechos en el curso de un procedimiento penal (…) constituyen una consecuencia del propio proceso que han de soportar aquel o aquellos frente a los que se dirige”.
El Consejo de Estado, en su informe, prácticamente viene a decir lo mismo que el Poder Judicial. Y el Ministerio de Justicia, en el suyo, en el mismo sentido. No hay responsabilidad patrimonial del Estado porque todo se ha hecho bajo mandato judicial. ¿Y quién, pues, paga los daños a los propietarios del buque? Nadie
[Este reportaje forma parte del serial la Justicia Imperfecta, cuyo autor es José Antonio Hernández]