El Juzgado desestima la querella de Vox contra Fernando Galindo por presunta prevaricación

El partido de la ultraderecha ha presentado un recurso de reforma contra la decisión de la juez de inadmitir su demanda

Fernando Galindo fue acusado por Vox de prevaricación por no oponerse a la tramitación de la proposición de ley de amnistía que registró el PSOE en noviembre tras pactarla con los independentistas de ERC y Junts. El Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid ha acordado inadmitir a trámite la querella que presentó la formación política contra el secretario general del Congreso.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Rosa María Freire señala que el informe de Galindo «no es subsumible en el tipo penal de prevaricación» que denuncian los del partido liderado por Santiago Abascal.

La titular del Juzgado coincide con el criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid al entender que «la nota-informe» elaborada por el secretario general del Congreso constituye «un mero acto de trámite» y «asesoramiento» que no es vinculante ni tiene capacidad decisoria, por lo que no puede apreciarse prevaricación alguna.

El Ministerio Público, en un escrito al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, insiste en que «no cabe configurar dicha nota o informe de asesoramiento como una resolución con capacidad de decisión de fondo». «No cabe subsumir dicho informe como un supuesto de prevaricación», apunta el fiscal para luego recordar que «es la Mesa quien tiene el dominio respecto de la admisión o no de la propuesta de Ley Orgánica».

Disconforme con la decisión, Vox ha presentado un recurso de reforma contra la decisión de la juez de inadmitir su querella al entender que la inadmisión «sin más, y sin practicar las más elementales pruebas para la comprobación de existencia y alcance de delito», vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva.

El informe de Galindo

El informe denunciado por Vox indicaba que, aunque podía haber dudas de constitucionalidad sobre el texto que en su momento juzgará el TC, no existía una «contradicción evidente o palmaria» con la Constitución que justificara vetar su tramitación. Con ello, el órgano de gobierno de la Cámara, con la mayoría que tienen PSOE y Sumar, dio trámite a la iniciativa.

Los de Santiago Abascal reprochaban a Galindo que, pese a ver posibles puntos de inconstitucionalidad, redactara un «informe rocambolesco por arbitrario, infundado y raquítico» para acabar concluyendo que no se oponía a su calificación por la Mesa.

Para Vox, el informe del letrado mayor era «eminentemente antijurídico y arbitrario» porque, en su opinión, «no puede haber grados en la constitucionalidad o inconstitucionalidad». «Las leyes son constitucionales o no lo son, no pudiéndolo ser solo un poco o hasta un determinado grado en que la consciencia jurídica admitiera lo inconstitucional», sostenía la formación, siguiendo la tesis de otros letrados de la Cámara como Manuel Fernández Fontecha.

Los de Vox insistieron en que si el informe de Galindo hubiera sido desfavorable y la Mesa hubiera admitido a trámite la proposición de ley, él hubiese exento de responsabilidad, pero al no hacerlo incurría en un presunto delito de prevaricación.