El juez Juan Carlos Peinado se jubila este domingo al cumplir 72 años, después de casi 32 años en la carrera judicial y tras haber enviado a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La investigación, iniciada en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, se ha convertido en el caso más mediático de su trayectoria.
Peinado ingresó en la carrera judicial en 1994 y ejerció en distintos juzgados de Ávila, Toledo, Albacete, Getafe y Madrid, donde desde 2016 es titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla. La ley permite a los jueces continuar en activo hasta los 72 años, edad a la que la jubilación pasa a ser forzosa.
Durante la instrucción, Peinado abrió distintas líneas relacionadas con Gómez, entre ellas las relativas a su actividad en la Universidad Complutense, el registro de un software y la contratación de Álvarez. También investigó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; al rector de la UCM, Joaquín Goyache, y al directivo del IE Juan José Güemes, aunque la Audiencia Provincial levantó posteriormente sus imputaciones.
El juez interrogó como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de Gómez. Sánchez presentó posteriormente una querella contra Peinado por presunta prevaricación. El instructor llegó a plantear al Tribunal Supremo que investigara al presidente por malversación y falso testimonio, pero el alto tribunal rechazó la petición por la «absoluta ausencia» de indicios.
La última decisión de Peinado antes de su jubilación ha sido la apertura de juicio contra Gómez y Álvarez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La acusación popular solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía reclaman la absolución. La Audiencia de Madrid respaldó que el procedimiento llegara a juicio, aunque redujo los delitos contemplados inicialmente por el instructor.
El juicio será celebrado ante un tribunal integrado por un magistrado de la Audiencia de Madrid y un jurado popular formado por nueve ciudadanos, además de dos suplentes. Los jurados serán seleccionados mediante sorteo y las partes podrán formular recusaciones. Durante la deliberación, deberán votar sobre los hechos y posteriormente sobre la culpabilidad o inocencia de las acusadas: se requieren siete votos para considerar probado un hecho contrario al acusado y siete para una condena, mientras que cinco votos bastan en los supuestos favorables.