El juez no archivará el ‘caso Errejón’ y lo llevará a juicio para que otros magistrados decidan si es culpable de agresión sexual

Merced al interrogatorio judicial de Carretero, se conoció que Mouliaá iba borracha esa noche, acrecentando los indicios para celebrar una vista

El titular del Juzgado 47 de Madrid, Adolfo Carretero, quien investiga la supuesta agresión sexual del cofundador de Podemos y ex portavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón a la periodista Elisa Mouliaá, llevará previsiblemente a juicio a ambos.

Será pues un tribunal diferente el que dictamine si Errejón es o no culpable, según coinciden en señalar a Fuentes Informadas varios jueces de la plaza de Castilla que piden anonimato.

El juez Carretero, según estos mismo medios, terminará de tomar declaración como testigos a algunas personas que participaron en la polémica fiesta.

En ella, supuestamente, el ideólogo de la ley del sí es sí arrojó sobre una cama a Mouliaá, tras llevarla allí agarrada del brazo, se sacó el pene y luego se echó sobre ella.

Y empezó a «chuparle las tetas y besarla», según la propia terminología que emplea Mouliaá en su denuncia.

Precisamente el juez, con la intención de averiguar la verdad, puesto que Errejón y Muliaá ofrecen versiones contradictorias, se basó en las mismas palabras y expresiones que figuran en la denuncia de la periodista para interrogarla.

Tras el interrogatorio, Mouliaá estuvo en un programa de máxima audiencia en Tele 5 y aseguró que no se había sentido en ningún momento condicionada por el juez y que el interrogatorio fue correcto.

El magistrado ha pedido a la cadena televisiva que le informe cuánto dinero ha pagado a Mouliaá por esa entrevista.

En el juicio cada uno podrá exhibir sus armas probatorias o de defensa para convencer al tribunal que celebre el juicio sobre si hubo, o no, una agresión sexual no consentida.

La denuncia de Mouliaá hubiera terminado en archivo sin posibilidad de ir a juicio de no ser precisamente por el interrogatorio que le realizó el juez Carretero.

Gracias al interrogatorio, que ha suscitado polémica, el magistrado obtuvo nuevos datos, que no figuran en la denuncia y sin los cuales no sería posible llevar este asunto a juicio.

Puesto que la denuncia, ayuna en pruebas y con el solo testimonio de la víctima, estaba abocada al archivo. 

Sin embargo, Mouliaá confesó ante el juez que la noche de los hechos iba «borracha», lo que no figura de forma explícita en la denuncia, y también señaló que había sido tratada por psicólogos, lo que abre una vía clara para que el asunto sea llevado a juicio y allí se determine lo ocurrido.

El lobby feminista y algunos políticos se lanzaron en banda sobre el magistrado tras el interrogatorio señalando que este se había excedido en el empleo de determinadas palabras o frases, que, por otro lado, son las mismas que emplea en su escrito la denunciante.

Gracias, pues, al interrogatorio de Carretero, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, este asunto podrá terminar en juicio y no en el sobreseimiento. 

No habrá, pues, sobreseimiento, pese a la endeble carga probatoria de Mouliaá, que ha esperado tres años para denunciar estos hechos, y de lo actuado hasta el momento persisten las dudas sobre si los actos fueron o no consentidos, siempre según los citados medios.

Errejón ha pregonado durante muchos que nunca había denuncias falsas, pero ha puesto una salvedad, la suya. Manifestó ante el juez que esta, la que a él le perjudica, sí lo es. 

Por tanto, Errejón y Mouliaá tendrán que ir a juicio. Errejón como acusado de agresión sexual y Mouliaá como víctima. 

Una vez allí tendrán ocasión cada uno de exponer sus alegatos y pruebas y que sea el tribunal de la Audiencia de Madrid el que juzgue y absuelva o condene según el criterio que extraiga de la vista. 

Es muy previsible, por tanto, que la ciudadanía asista de nuevo a través de Internet y de los diferentes medios a un nuevo juicio público por agresión sexual, como ha ocurrido con el que se ha celebrado en un juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional contra el ex presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales.

El famoso piquito de Rubiales

Por un beso o piquito en los labios que vio toda España en medio de la celebración de la conquista del mundial femenino de fútbol, Rubiales se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y seis meses de cárcel por agresión sexual a la jugadora de la selección Jenni Hermoso. 

Al pedirle más de dos años, la determinación de la Fiscalía, a cuyo jefe hoy con problemas delictivos propios elige el Gobierno de Pedro Sánchez, es que Rubiales vaya a la cárcel.

Sin embargo, habrá que esperar a la sentencia que dicte el magistrado que ha celebrado la vista contra Rubiales.

Muchos abogados e incluso jueces no dan crédito en privado a que el asunto de Rubiales haya acabado en un juicio de más de una semana de duración y que por esos hechos se le pidan dos años y seis meses de cárcel a Rubiales.

Cuando está «clarísimo que en la acción, fuera o no consentida, él dice que sí y ella que no, no hubo intención libidinosa alguna», señalan.

Fuentes judiciales aseguran que el caso Rubiales es otro «disparate azuzado por las ultrafeministas», que son las que influenciaron a la jugadora para que denunciase los hechos».

Pese a que Hermoso, según la abogada de Rubiales, no mostró tras el partido ninguna contrariedad por el acto en sí.

Tras el polémico beso, Jenni Hermoso restó importancia a lo sucedido, pero luego, tras el aluvión de opiniones del lobby feminista, cambió de criterio y denunció a quien entonces era su jefe, Luis Rubiales.

Lo hizo cuando el lobby inundó las redes pidiendo la cabeza de Rubiales . Y lo consiguió.

«Otra locura»

Fuentes judiciales de plaza de Castilla que, por otro lado, han visto las declaraciones de Errejón y Mouliaá aseguran que las diligencias que ha abierto contra Carretero el promotor de la acción disciplinaria del  Consejo del Poder judicial, Ricardo Conde, es «otra locura».

El citado promotor, Ricardo Conde, ha pedido al juez Carretero el vídeo sobre el interrogatorio a Mouliaá tras recibir 900 denuncias, casi todas de mujeres, pidiendo actuar contra el juez por alguno de los términos que utilizó durante la declaración, los mismos que emplea Mouliaá en su denuncia.

Y en puridad, no son 900 denuncias. Son mail enviados al Consejo por las ultrafeministas, que actúan al toque de queda y de forma simultánea ante asuntos polémicos.

Las fuentes jurídicas consultadas por FI afirman que las feministas se coordinan en las redes sociales para presionar a jueces en una dirección o incentivar su castigo según su criterio.

Y que eso es muy nocivo y puede originar decisiones «tremendamente injustas» si los jueces se amedrentan antes los insultos que les lanzan en las redes sociales y demás medios.