ERNESTO EKAIZER / EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Ahora, una semana después de la declaración del testigo-querellante Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en el Tribunal Supremo ya es evidente la línea escogida de denunciar su «desconocimiento» del correo del 2 de febrero de 2024 en el que su abogado admitía haber cometido dos delitos fiscales.
Porque la defensa que ejercen los abogados Carlos Neira y Gabriel Rodríguez Ramos pivota en conectar ambos procedimientos. Y se preparan para sacar provecho de su posición más ventajosa en la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el instructor Ángel Hurtado para darle la vuelta a su posición más vulnerable en el juzgado de instrucción 19 de Madrid con la jueza Inmaculada Iglesias.
Y hay que decir que cuentan con que la jueza Iglesias ya informó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 7 de febrero de 2025 – es preceptivo aportar ese aviso a efectos de sustitución- que se jubilaba, por razones familiares, al cumplir 65 años, el próximo 10 de agosto. Y como acumula vacaciones sin utilizar la jueza Iglesias dejará el juzgado dentro de pocas semanas.
Las expectativas, lógicamente, giran en torno a quien la sustituirá en el concurso que ha de convocarse para cubrir esa plaza. Durante la presidencia del CGPJ de Carlos Lesmes, un miembro de su Comisión Permanente se encargó de estimular a jueces considerados conservadores para que acudieran al concurso para sustituir al juez Pablo Ruz en el juzgado que llevaba el caso Gürtel y cuya renovación -estaba en comisión de servicios- traía dolores de cabeza al Partido Popular de Mariano Rajoy. El escalafón, es decir, la antigüedad, es el que manda. Pero la operación prevista se frustró. Y el caso Gürtel quedó en manos del juez José de la Mata, que continuó con una instrucción profesional.
Nada más conocerse el auto de procesamiento e González Amadir dictado por la jueza Iglesias, su defensa difundió una nota en la que vincula los dos procedimientos-filtración del correo del 2 de febrero de 2024 y la desestimación de unas diligencias solicitadas por la defensa en el juzgado 19 sobre los delitos fiscales por parte de la jueza Iglesias- marcando lo que ya es la línea de ataque.
La idea central: conseguir lo que parece el inminente procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García, por parte del juez Hurtado, y la desestimación de unas diligencias que la jueza Iglesias considera dilatorias -de manera razonada- después de 13 meses de investigación, como el cañón para tumbar vía nulidades el procedimiento en la Audiencia de Madrid.
La guerra, pues, no ha terminado.