El juez Hurtado cita a Álvaro García el 29 de enero, un día después de que el Supremo prevé resolver si anula su nombramiento como FGE

El instructor de la Sala Segunda sobre las filtraciones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso no espera a oír a la fiscal superior de Madrid ni al fiscal encargado de los delitos fiscales del intermediario de las mascarillas Alberto González Amador y avanza hacia el “equipo de Fortuny” (la madrileña sede de la FGE)

El magistrado Ángel Hurtado ha decidido durante la tarde del pasado 9 de enero, tras la declaración de Miguel Ángel Rodríguez y varios periodistas, apretar el acelerador, y entrar en la recta final hacia la apertura del juicio oral contra el fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García, la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, e incorporar como imputado a Diego Villafañe, teniente fiscal de la FGE. El instructor lo ha resuelto antes de oír a cuatro testigos relevantes citados, respectivamente, para el 16 de y 21 de enero: la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Almudena Lastra, el fiscal encargado de los dos delitos fiscales de Alberto González Amador, Julian Salto, y los responsables de comunicación de la FGE y del TSJM.

Aunque el nuevo auto del magistrado Hurtado lleva fecha de este lunes, día 13 de enero, si se leen sus razonamientos queda claro que la decisión adoptada se remonta al pasado jueves 9 de enero.
Según señala: “Es cierto que, mediante las diligencias testificales llevadas a cabo en la mañana de este día 9 de enero… los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado”.

El auto de citación tiene más las características de un auto de transformación de las diligencias en el procedimiento abreviado (auto de procesamiento en el procedimiento ordinario).

Con todo, no quiere decir que el juez exponga todo lo que ya conoce.

Porque se ha realizado una diligencia ante dos operadoras de teléfonos para que aporten el trasiego de llamadas emitidas y recibidas, y, también los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos, la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.
Es posible, según fuentes consultadas, que el magistrado ya tenga conocimiento del resultado.
Pero, a expensas de estos datos, la estructura del auto que cita al fiscal General del Estado a prestar declaración en calidad de imputado, supera el de una resolución clásica de citación.

Hurtado, además, cita a declarar como imputada a la jefa provincial de la Fiscalía de Madrid Pilar Rodríguez y amplia la lista de imputados, como se ha apuntado, al teniente fiscal de la secretaría técnica de la FGE Diego Villafañe, a quien cita para el 5 de febrero, cerrando el círculo de lo que define como el “equipo de Fortuny”, la calle de la sede madrileña de la FGE.

Dos frentes: Sala Tercera y Sala Segunda

La citación para el 29 de enero en el Supremo implicará la suspensión del Consejo Fiscal, órgano asesor del Ministerio Fiscal, que, según fuentes consultadas, había sido convocado para la mañana del 29 de enero, a fin de examinar el asunto de la remuneración de los miembros de la carrera fiscal por el concepto de productividad.

Pero, asimismo, como hemos anticipado, la continuidad del fiscal general del Estado será objeto de deliberación y votación en la sección cuarta de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, a raíz de una demanda de impugnación por parte de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) a su nombramiento por real decreto 1182/2023 de 27 de diciembre. Se trata del segundo nombramiento de García tras las elecciones del 23 de julio de 2023.

La APIF basa su demanda en que esa misma sección resolvió anular, en noviembre de 2023, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala cuando se la designó fiscal de sala togada militar del Tribunal Supremo, por decisión de Álvaro García, quien habría ejercicio, según la sentencia, una “desviación de poder”.

Asimismo, se apoya en que el pleno Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió el 30 de noviembre de 2023, tras la sentencia de la sección cuarta del 21 de noviembre, considerar por 8 votos contra 7, no idónea la entonces propuesta de García como FGE.

La resolución no es vinculante, por lo que el Gobierno siguió adelante y le nombró.

Si la sección cuarta –que ya impugnó en noviembre de 2023 el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y los de Dolores Delgado para la sala togada militar y la de memoria democrática- resuelve el 28 de enero anular el nombramiento de García, su situación ante el juez Hurtado ya no será la misma.

Con todo, aunque la sección cuarta de la Sala Tercera comunique enseguida el fallo, la sentencia normalmente tardará en conocerse. “Aunque tal como está el patio los ritmos pueden ser distintos”, dijo una fuente judicial.

El ponente de la impugnación contra García es el magistrado José Luis Requero, que formó parte de la sentencia que consagró la citada “desviación de poder” en el caso del nombramiento de Delgado como fiscal de sala.

El mismo día en que se deliberaba y fallaba esa impugnación, el magistrado Requero escribía en una columna que publica regularmente lo siguiente: ¿Qué supondrá esto [“colonizar el CGJ y eliminar jueces desafectos] para el Estado de Derecho y para todos ustedes?, pues basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados».

Es decir: quien ya consideraba el 21 de noviembre de 2023 que existía una FGE -a cuya cabeza está Álvaro García- “apesebrada”, será el 28 de enero el ponente de la sentencia sobre la demanda de impugnación de su nombramiento.

De momento, Requero no se ha abstenido por falta de imparcialidad.